Siria frente a las normas jus cogens

01/10/13

Alejandro Larenas Martínez*

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El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg reconoció que los crímenes en contra del derecho internacional son cometidos por individuos, no por entidades abstractas, y sólo castigando a esos individuos se puede aplicar lo dispuesto por el derecho internacional. De esta manera se desechó la concepción clásica de que los actos oficiales son únicamente atribuibles al Estado y no a los individuos. Después de un lento proceso de evolución, hoy la Corte Penal Internacional (CPI) es la encargada de llevar a la justicia aquellos individuos culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

Vale la pena recordar lo anterior, porque de los informes entregados sobre la situación en Siria por la Comisión investigadora independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos y por el Grupo de inspectores enviado por el Secretario General de la ONU, se desprende que se han cometido en ese país crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Mientras que el Grupo de inspectores se limita a concluir que se utilizaron armas químicas en contra de la población civil, sin señalar a la parte responsable, la Comisión concluye que tanto fuerzas del Gobierno sirio, como fuerzas opositoras son responsables por estos crímenes, advirtiendo que los perpetradores de estos crímenes no temen la rendición de cuentas y por lo tanto la remisión de estos casos a la justicia es imperante.

El proceso para llevar a estos criminales a la justicia internacional será sin duda lento. Siria no es parte del Estatuto de Roma, por lo que la vía para que el Fiscal de la CPI pueda investigar estos hechos es que el Consejo de Seguridad de la ONU remita dicha situación por medio de una Resolución bajo amparo del Capítulo VII de la Carta, como lo hizo en los casos de Darfur (2005) y Libia (2011). Sin embargo, desde el inicio de la guerra civil se ha buscado que el Consejo remita la situación en Siria, topándose con la negativa y poder de veto de Rusia.

Ante este escenario frustrante -a pesar de tener certeza de la comisión de crímenes internacionales, parece ser imposible de llevar a los individuos responsables a la justicia- existe otra vía, que no tiene precedentes en la actualidad, pero que es interesante considerar: las consecuencias legales de las violaciones a normas imperativas de derecho internacional general o jus cogens por los Estados. Si bien la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados reconoce la existencia de estas normas (artículo 53), no existe un catálogo que defina claramente cuáles son consideradas como tales. Es decir, existe un consenso sobre su existencia, mas no sobre su definición.

La República Árabe Siria puede resultar internacionalmente responsable por los actos cometidos tanto por funcionarios oficiales u órganos de gobierno, como por, en el caso de que llegaran al poder, las fuerzas insurreccionales. Lo anterior encuentra fundamento en los principios generales de la Responsabilidad del Estado: i) todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera responsabilidad internacional; ii) este hecho debe ser atribuible al Estado y debe constituir una violación a una obligación internacional, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación.

Ahora bien, la responsabilidad de los Estados se enfoca en el quebrantamiento de una obligación internacional existente entre dos o más Estados. Entonces, se deben determinar dos cuestiones. Primero, si la violación de una norma jus cogens puede ser invocada por un tercer Estado no afectado directamente. Segundo, si los crímenes de lesa humanidad y de guerra se pueden considerar violaciones de normas imperativas.

Con respecto a lo primero, las normas jus cogens son reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto; es decir, son erga omnes: obligaciones ante todos los miembros de la comunidad internacional, y cuya violación puede ser reclamada por cualquier miembro de la comunidad, haya sido o no afectado directamente. Antonio Cassese explica que la evolución del derecho internacional con respecto a este tipo de normas imperativas parece haber creado obligaciones comunes a todos los Estados.[1]

Con respecto a lo segundo, existen precedentes que reconocen a las reglas del derecho internacional humanitario (la protección de no combatientes en situaciones de conflicto) como jus cogens: algunos delegados así lo expresaron en la Conferencia Diplomática sobre el Derecho de los Tratados de 1968 y el Tribunal Penal Internacional para la ExYugoslavia reconoció explícitamente las normas que prohíben los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como tales.[2] Adicionalmente, el estado de ratificaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 en general y de la Convención sobre las Armas Químicas en particular pueden servir de base para argumentar que en materia de uso de estas armas en conflictos armados, existen obligaciones erga omnes y por lo tanto, cualquier Estado puede invocar su violación, abriendo la vía para que se pueda reclamar la responsabilidad internacional de Siria.

No existe precedente sobre la reclamación de un Estado que no ha sido afectado directamente por la violación de una norma jus cogens. Lo anterior no implica que sea imposible. Por lo mismo no existe un camino claro a seguir, y en medio del conflicto existen otras muchas consideraciones más apremiantes antes de pensar en una estrategia legal en este sentido en contra de Siria. Lo cierto es que el uso de armas químicas por ambas partes, además de la comisión de otros crímenes internacionales, pone sobre la mesa de discusión esta posibilidad. En el derecho internacional este tipo de casos son muy escasos, y esta podría representar una oportunidad para sentar precedentes en cuanto a violaciones de normas imperativas del derecho internacional general.


[1] Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, 2da edición, Oxford, 2005, pp. 15-17.
[2] Idem, pp. 199-204.

 

*Alejandro Larenas Martínez es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y LL.M. en Derecho y Seguridad Internacional por la Universidad de Sussex, Inglaterra.

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