Políticas Públicas de Seguridad y Justicia Fundadas en la Evidencia

27/08/13

Rafael Cabrera*

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La OCDE y el Instituto Mexicano de la Competitividad publicaron, a finales del año pasado, el documento “México: Fortaleciendo las Políticas Públicas de Seguridad y Justicia Fundadas en la Evidencia (PFE)”. Las PFE son realizadas a través de la recopilación de información sistematizada, la cual genera evidencias científicas que dirigen el diseño de una política pública sin incorporar fundamentos de opinión individual, convicción ideológica o costumbres políticas.

Según este estudio, en materia de seguridad la generación de evidencia se produce a través de: 1) Recopilación de información local y regional; 2) Análisis de las estructuras institucionales de seguridad en los 3 niveles de gobierno y; 3) La observación de la naturaleza territorial del delito para reconocer competencias compartidas entre instituciones. Siguiendo esta metodología, se identifica que México cuenta con la tasa de homicidios más alta entre los países miembros de la organización y que posee la mayor disparidad regional de violencia, ya que, por ejemplo, en 2012, Chihuahua tenía una tasa de 69.38 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Yucatán sólo de 9.29.

Posteriormente, el documento propone 4 grandes temas para el desarrollo de PFE en materia de seguridad, los cuales son: 1) Generación de datos básicos, estos deben ser cualitativos y cuantitativos, y apoyados por instituciones públicas; 2) Transformación de datos en evidencias procesables, esta es la etapa en la que las variables son probadas y se identifican los indicadores que deberán ser desarrollados a nivel regional; 3) Uso de evidencias para la toma de decisiones, este es el proceso en el cual se formulan estrategias para la asignación de recursos, aplicación territorial y monitoreo de las acciones a realizar, y 4) Difusión de la evidencia entre las partes interesadas, la cual se entiende como la difusión a la sociedad de los resultados producidos y confrontar los diagnósticos de los actores políticos interesados.

Como conclusión, el estudio reconoce los avances del país en materia de obtención y formación de datos en materia de seguridad, pero critica la sistematización y la información generada en materia de justicia y aplicación de sanciones.

 

Rafael Cabrera es Maestro  en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Anteriormente se desempeñó como Secretario Técnico del Grupo de Trabajo de Alto Nivel Contra las Adicciones en la Cámara de Diputados. En la misma dependencia, fue Asesor de la Comisión de Seguridad Pública;  de la Mesa Directiva; Asesor del Centro de Estudios para el Adelanto las Mujeres y la Equidad de Género; y Asesor Parlamentario de la LIX Legislatura. Actualmente es Analista de International Consulting Intelligence and Technology.

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