La interacción de la política y el derecho internacionales en Siria

28/08/13

Carpe Mundum

En estos momentos, Estados Unidos y algunos de sus aliados parecieran estarse preparando para tomar acciones militares en contra del régimen de Bashar Al-Assad en Siria.  Más allá de los cálculos políticos y militares, vale la pena hacer un recuento de las normas de derecho internacional que aplican en estos momentos y su interacción con la política.  Mientras los altos mandos militares acomodan escenarios bélicos, los consultores jurídicos de varios países también están ocupados.  Pase lo que pase en los próximos días o semanas, la justificación legal de cualquier intervención y la escala de la misma es de primera importancia para la comunidad internacional, incluido México.  Por ello, repasemos algunas de las normas jurídicas conforme aplicarían a los hechos en Siria, antes de pasar a la interacción coyuntural.

1.       Prohibición /Autorización del uso de la fuerza

La Carta de Naciones Unidas (Artículo 2[4]) prohíbe el uso de la fuerza con contadas excepciones.  La primera es el Artículo 51, que permite la fuerza en situaciones de defensa propia.  Cabe señalar que la defensa propia puede ser individual o colectiva.  La otra excepción es el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) conforme el Artículo 42 de la Carta.  Los Estados pueden llevar a cabo acciones militares con esta autorización siempre y cuando éstas sean consistentes con el mandato de la resolución y los propósitos de la Organización.

2.       Convención de Armas Químicas (CWC)

Prohíbe el desarrollo, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas. Contiene un mecanismo de verificación e inspección y requiere a los Estados Partes rendir informes periódicos sobre su desempeño.  La convención estableció la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) como entidad que resguarda la convención.  189 países han firmado y ratificado la convención, por lo que existe un fuerte argumento que la prohibición de armas químicas es jus cogens, es decir, derecho internacional consuetudinario inviolable. Tal derecho deriva del Protocolo de Ginebra de 1925. Siria no es parte de la convención, elemento que se explora adelante.

Estados Unidos, Francia y Reino Unido han declarado que armas químicas fueron usadas por el gobierno de Siria.  Rusia ha dicho que no existe evidencia conclusiva al respecto y acusa a los países occidentales de precipitarse a un ataque armado.  Incluso, Rusia ha dicho que era más probable que las guerrillas anti-gobierno hayan utilizado armas químicas para inculpar al gobierno y lograr precisamente una intervención extranjera.  Por su parte, Siria niega que haya empleado armas químicas, citando la proximidad de sus tropas a la zona donde ocurrió el supuesto incidente y dando la bienvenida a un equipo de inspectores de la ONU cuyo mandato es desmentir o corroborar las acusaciones de la comunidad internacional.  México ha expresado su extrema preocupación y ha condenado inequívocamente cualquier uso de armas químicas por cualquier parte del conflicto.

Por su parte, la ONU ha enviado una misión de expertos al país (con la anuencia del régimen) para investigar el presunto uso de armas químicas.  El trabajo del grupo no ha sido fácil, ya que han enfrentado, a la fecha, un ataque armado y una demora por motivos de seguridad.  El equipo cuenta con aproximadamente dos semanas para culminar su misión y reportar sus hallazgos al Consejo de Seguridad.  Es improbable que se pronuncien explícitamente sobre quién utilizó armas químicas, pero deberán determinar si fueron detonadas o no.  Mientras tanto, altos mandos estadounidenses ya externaron su convicción de que las armas fueron usadas y que fue el ejército sirio quien las empleó.  Esto podría traducirse a presión estadounidense para retirar a la misión de expertos, bajo el argumento de que es redundante ante evidencias claras.  No obstante, esa sería la posición exclusiva de Estados Unidos.  Rusia ha expresado repetidamente la necesidad de esperar a que la misión de expertos termine su visita antes de tomar alguna acción.

Al momento de escribir, parece que el Reino Unido presentará un proyecto de resolución ante el CSONU autorizando “todas las medidas necesarias” para condenar el ataque con armas químicas.  Si dicha resolución es aprobada (lo cual es improbable) y se fundamenta en el Capítulo VII de la Carta (Art. 42), se interpretará como una autorización al uso de la fuerza, siempre y cuando esta sea compatible con los objetivos de la resolución.  La importancia de esta acción por parte de Reino Unido es que los abogados del FCO han determinado que requieren autorización del CSONU para actuar militarmente.  El solo hecho de presentar un proyecto de resolución de esta naturaleza implica que el Estado reconoce la autoridad del CSONU en la materia.  En caso de presentarse y no aprobarse, los Estados interesados podrían actuar, pero tales acciones quedarían, en principio, fuera de derecho.

Otro aspecto que podría complicar la decisión de utilizar la fuerza es la posible presencia de militares iranís en Siria.  Los medios han reportado que el gobierno de la República Islámica de Irán ha desplegado tropas, a petición de Siria, para proteger ciertas instalaciones estratégicas.  De ser cierto, el estado que guardan estos soldados bajo Derecho Internacional Humanitario (DIH, las leyes que rigen el conflicto armado) es incierto.  Irán podría argumentar un derecho de auto-defensa colectiva con Siria y verse más inmiscuido en el conflicto.  El escenario es poco probable, pero ejemplifica lúcidamente el reto jurídico de categorizar a los participantes en las hostilidades.  Además de cualquier asesor o soldado extranjero, es necesario distinguir entre militares nacionales, guerrillas sirias y civiles que participan directamente en las hostilidades.  Éstos últimos pierden su inmunidad contra el ataque armado mientras realicen una contribución esencial al uso de la fuerza.  Es decir, si colaboran con la guerrilla de noche pero ejercen una ocupación civil de día, las fuerzas opositoras únicamente podrán matarlos durante la noche.

Como se ha mencionado, Siria no es Parte de la CWC.  Tampoco sería el primer país en utilizar las armas químicas desde 1925.  Irak las desplegó en el marco de su guerra contra Irán, por ejemplo.  La cantidad de países que han ratificado y reiterado su apego a la CWC ha generado una norma que, con el tiempo, puede llamarse consuetudinaria.  Por tratarse de un tema que atenta contra principios fundamentales de la humanidad, se puede argumentar la prohibición ha alcanzado el estado de jus cogens.  No obstante, la presunta supremacía normativa de la CWC no representa una licencia automática de “castigo” en caso de que algún país viole su contenido, aun con flagrancia.  Al no existir automaticidad en el derecho internacional para responder a esta clase de violaciones, se debe recurrir al CSONU para autorizar cualquier acción militar.  Ante el muy probable veto de Rusia, la ausencia de una resolución complicaría el escenario jurídico.  Las opciones que tendrían los Estados que desean intervenir serían buscar una resolución de la Asamblea General (bajo el procedimiento Unidos por la Paz), cuya validez podría ser cuestionada, o intervenir sin autorización alguna y buscar posteriormente generar el opinio juris de la comunidad internacional para apoyar esta actuación.

El debate respecto a la “Responsabilidad de Proteger” (R2P) no es nuevo.  Ya van más de 90,000 muertos en el conflicto sirio en los últimos años.  Hasta hace poco, todos habían fallecido por causa de armas convencionales.  Una intervención difícilmente caería en el marco de R2P.  La novedad del asunto es la muerte de aproximadamente 300 civiles a manos de armas químicas.  No hubo acción decisiva antes, pero parece que la habrá ahora.  Académicamente hablando, el deseo de intervenir ahora (y no hablerlo hecho antes) demuestra el peso de las normas internacionales contra las armas no convencionales.  En realpolitik, la historia es otra: menos intereses energéticos en Medio Oriente, falta de capacidad militar, creciente tensión con Rusia y presiones internas en Washington.  Cualquiera que sea la lógica que Estados Unidos y sus aliados opten por aplicar a la situación, es altamente probable que incursionemos a un nuevo escenario de derecho internacional.

¿Qué hace la comunidad internacional ante una violación así?  Si el CSONU no toma una acción clara, como lo hizo en Libia (2011) o Irak (1991), podríamos enfrentarnos a una situación como la de Kosovo (1999) o Ruanda (1994).  ¿Debemos esperar a que la misión de expertos concluya su trabajo, asumiendo que existen condiciones para ello? ¿La comunidad internacional estará preparada para respaldar una intervención militar limitada para hacer valer la prohibición contra las armas químicas? ¿El CSONU se mostrará como un actor relevante ante esta coyuntura?  Las respuestas se darán en los próximos días y semanas.  Lo que no debemos de perder de vista son las interacciones entre la política y el derecho internacionales.

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