La protección a testigos y el combate a la corrupción

23/07/13

Raúl Gutiérrez

Actualmente la protección a testigos tiene dos puntos contrapuestos: por un lado podría decirse que representa uno de los mecanismos de combate a la delincuencia organizada y corrupción más efectivos que puede existir, ya que fomenta la participación ciudadana y garantiza que la impartición de justicia sea llevada a cabo de manera correcta por parte de las autoridades, asimismo permite que el Estado de Derecho, permanezca y vivo a través de los ciudadanos. Sin embargo, es necesario que las instituciones garanticen una adecuada protección a las víctimas y testigos, que desgraciadamente no existe en todos los países de manera adecuada;  y  por el otro lado,  las declaraciones y/o testimonios emitidos por parte de estas personas se pueden encontrar viciadas  lo que representa un arma de doble filo que pone en peligro el correcto desempeño a la defensa de los derechos humanos; por tanto, esta situación requiere una solución que sea llevada a cabo a través del correcto funcionamiento de los mecanismos procesales y extra procesales en materia judicial.

Podemos observar que la importancia del testimonio y la protección de testigos, cobran una importante relevancia ante los juicios que marcaron el fin de las más grandes tragedias que ha marcado la historia contemporánea del ser humano. Como ejemplo nos podemos referir pues a los estatutos militares de Nürembergh y Tokio, ex Yugoslavia y Ruanda, como lo afirma María del Pilar García Martínez en su texto  Las victimas y los testigos en la corte penal internacional disponible en:   http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/AREAS%20TEMATICAS/PUBLICO/cpi.htm , así como Paul Taverner en su texto  La experiencia de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. En la Revista CICR, igualmente disponible en http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/AREAS%20TEMATICAS/PUBLICO/cpi.htm

Independientemente de los argumentos respecto a la posición del individuo en cuanto al derecho internacional tras los juicios de Nürembergh y Tokio, al instituir los Tribunales Penales Internacionales para ex Yugoslavia y para Ruanda, el Consejo de Seguridad dejó claramente establecido que, en relación al derecho internacional humanitario, la persona está vinculada por obligaciones jurídicas del derecho internacional y es directa e individualmente responsable ante una instancia internacional en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.  De esta manera, cabe mencionar que se hace mención por primera vez de la importancia del rol que juegan los sujetos para la detención y encarcelamiento de los delincuentes en crímenes de guerra.

Sin embargo, los Estatutos de los dos Tribunales no fueron objeto de modificación alguna por parte del Consejo de Seguridad. Por lo que, mediante el artículo 15 y el artículo 14 de los estatutos para la Ex – Yugoslavia y Ruanda, respectivamente, los magistrados debieron aprobar las “reglas sobre procedimiento y sobre prueba aplicables a (…) la protección de las víctimas y los testigos (…)”, susceptibles de modificación, y que fueron acogidas como verdadero código internacional de procedimiento penal; estas reglas son la primera aproximación al desarrollo del tema de las víctimas y los testigos en el DI. En estos tribunales también se dio por primera vez, la aplicación de algunas de esas medidas propuestas, a través del propio procesamiento judicial (o jurisprudencia del tribunal).

A modo de ejemplo, en el artículo 22 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (artículo 21 del Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda), relativo a la protección de las víctimas y de los testigos, se incluyen la posibilidad de “la vista a puerta cerrada y la protección de la identidad de la víctima”, y en los artículos 69 y 75 de las Normas de Procedimiento y de Prueba, se especifican las modalidades de protección, incluida la no divulgación de la identidad de una víctima o de un testigo. Tales medidas resultan, en efecto, indispensables, pues los testigos, que como ya dijimos son a menudo víctimas, corren suficientes riesgos cuando abandonan el tribunal y regresan a su país.

Pero gracias a la labor primigenia de estos tribunales, es que continúan los avances en el tema en cuestión, y es que se ha contribuido de manera muy decisiva al establecimiento de una jurisdicción penal internacional con carácter permanente, que ha terminado por concretarse con la elaboración, en 1998, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificada en julio 2002.

De esta manera, con el fin de ayudar a las víctimas y a los testigos para enfrentar el proceso judicial, la Corte Penal Internacional dispone de una Unidad de Víctimas y Testigos para proporcionar medidas de protección y dispositivos de seguridad, consejería y otras formas de asistencia para los testigos y las víctimas, con respeto pleno de los derechos del acusado. La Corte toma  las medidas apropiadas para proteger la intimidad, la dignidad, el bienestar físico y psicológico y la seguridad de víctimas y testigos, principalmente cuando se trata de crímenes sexuales o de violencia relacionada con el género.

Debido al inadecuado proceso judicial, se puede afirmar que en la situación de México, muchas de las declaraciones de los testigos, resultan “aleccionadas” previamente, violando los derechos procesales de las víctimas o personas implicadas en el supuesto, unos por pretender demostrar la culpabilidad y otros por defender la inocencia. Asimismo, debido a prácticas corruptas como el soborno, muchas personas inocentes terminan en la cárcel y muchos culpables en libertad.  También cabe a consideración que, si no se toman en cuenta las debidas consideraciones al momento de la declaración de los testigos, podría darse el caso de que delincuentes pertenecientes o no a bandas armadas, declaren en perjuicio de personas inocentes que pueda llevarlas a una privación de su libertad.

Lo que se requiere en México, en opinión de la magistrada federal Lilia Mónica López Benítez, es contar con un programa cierto de protección: “que establezca, los aspectos relevantes del tema, entre ellos, los candidatos a su ingreso, la clasificación de los testigos con base en la trascendencia de lo aportado en su declaración, lo que debe ponderarse para determinar si dicha información es útil para interceptar una operación delictiva, desmantelar una bodega o laboratorio, detener a miembros de una célula o lograr la captura de los cabecillas de un cártel; con base en lo cual, además, podrá determinarse en cada caso el tipo de protección, el cambio de identidad, la protección extendida a la familia o personas ligadas por vínculos cercanos al protegido, aunado a precisar las facultades y ámbito de competencia de la autoridad para autorizar los términos y vigencia de la protección”, “es necesario establecer los procedimientos para la positivización de las disposiciones en vigor, pues la experiencia acusa que la protección de testigos ha sido descuidada desde sus orígenes, incluso se ha soslayado la experiencia internacional de países de tradición jurídica similar a la nuestra, que podría servir de parámetro para reglamentar esta figura jurídica”.

Cuando se toca el tema de la protección a testigos en ciertos casos específicos como por ejemplo los relacionados a la delincuencia organizada, existe la controversia sobre lo que debe prevalecer, la confidencialidad o bien el  fomento a la transparencia, lo anterior, se explica mejor de la siguiente manera. Existe el peligro de que esta información, proporcionada por medio de una declaración, sea usada indebidamente en el contexto político nacional, lo que hace que las declaraciones de los testigos, puedan convertirse en amenazas para la sociedad, cuando estas carezcan de fundamento, se encuentren influenciadas o hubieran sido obligadas de alguna otra manera.

Por tanto, sale a colación las siguientes interrogantes: ¿Es confiable la declaración – a veces una simple mención – de un integrante de la delincuencia organizada como punto de partida para investigar a alguien? , ¿Es válido otorgar a un testigo colaborador un beneficio a cambio de su información?

Ambos temas son sumamente delicados y se prestan a todo tipo de dudas y especulaciones. Por lo que se refiere al primero, es de señalarse que una sola declaración no basta para formular una acusación, independientemente de quién la formule. Lo mismo da si es un testigo protegido, un prestigiado personaje público o un ciudadano cualquiera. Tampoco importa, para efectos procesales, que esa solitaria declaración se dirija a un ladronzuelo o a un gran capo. Toda declaración, todo testimonio, debe concatenarse con otros elementos de prueba que permitan corroborarlo o desecharlo. Si el Ministerio Público no cuenta con otros elementos que soporten la declaración –para lo cual, en el caso de la delincuencia organizada, se obtienen mediante la práctica de otras medidas como arraigos y cateos–, su acusación no tendrá éxito y podrá ser cuestionada por un hábil defensor y, en su caso, desechada por un juez. Las declaraciones de los testigos – protegidos o no – sólo son válidas cuando se encuentran vinculadas con otros medios de prueba.

En cuanto al segundo cuestionamiento se refiere, es necesario decir que figura de los testigos colaboradores es internacionalmente aceptada, como lo evidencia el hecho de que más de 120 países ratificaron la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, conocida como la Convención de Palermo, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, identificada como la Convención de Mérida. Ambas establecen que los Estados parte adoptarán medidas apropiadas para proteger a los testigos que presten testimonio sobre los delitos relacionados con dichas convenciones: protección física, prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero y la utilización de normas probatorias que permitan que sus testimonios se presten de modo que no se ponga en peligro su seguridad.

Todos los países de Iberoamérica han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La protección de los testigos constituye una herramienta fundamental para la efectiva persecución penal del delito, prevista en el artículo 25 de dicho instrumento internacional. Con tal antecedente, la ONUDD promovió la creación de una Ley Modelo sobre Protección de Testigos, versión para América Latina, como un instrumento orientador para fijar estándares mínimos en la materia. Posteriormente, un grupo de expertos internacionales representantes de los Ministerios Públicos de Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay, y de la ONUDD, se reunieron en Santiago de Chile entre los días 16 y 18 de junio de 2008, con el objetivo de elaborar un documento que tuviera reglas prácticas para la aplicación de los contenidos de esa ley modelo. A dicho instrumento se le denominó Guías de Santiago sobre protección de Víctimas y Testigos, y fue aprobado en la XVI Asamblea de la AIAMP, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, el 9 y 10 de julio de 2008.

Las Guías de Santiago no son un instrumento que tenga validez en el marco jurídico mexicano, sin embargo, constituyen una importante directriz de política criminal y una orientación para adecuar la figura de los testigos protegidos en un futuro próximo. Ciertamente, amplían el catálogo de medidas de protección que actualmente contemplan nuestras leyes, al establecer que una vez que haya sido admitido un candidato en un programa de testigos protegidos, podría ser susceptible de recibir, entre otras, las siguientes: alejamiento de la zona de riesgo, incorporación en un lugar destinado por el programa y alejado de la zona de riesgo, seguridad en desplazamientos, caracterización, cambio de identidad, medidas protectivas especiales en las audiencias y reubicación integral nacional y/o en el exterior. Asimismo, recomiendan que los testigos protegidos reciban asistencia médica, legal, de alimentación, de vivienda, de vestuario, de educación, de recreación y de reactivación social. Como bien lo expresa Alvaro Vizcaíno Zamora en su texto Reflexiones sobre los testigos protegido, disponible en: http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=371:reflexiones-sobre-los-testigos-protegidos&catid=37:alvaro-vizcaino-zamora&Itemid=171

Asimismo, existen ciertos países que ofrecen a las victimas asistencia a cambio de su declaración para detener a bandas de la delincuencia organizada. Como es el caso de las víctimas de trata de personas en España, en donde el Estado otorga protección a las víctimas siempre y cuando estas colaboren en la persecución.

Este tema encuentra su justificación en el entendido de que la cooperación internacional, consiste en el mejor mecanismo para establecer un combate efectivo en contra de la corrupción y la delincuencia organizada, entender mejor el funcionamiento del regionalismo, resulta fundamental para ampliar los componentes en materia de cooperación, más específicamente en el ramo judicial internacional y poder de esta manera aportar la visión necesaria a efecto de entender mejor la situación en torno a la protección a testigos y su vinculación con un sistema judicial eficaz, que tenga como piedra angular el principio de la legalidad y a través del cual permita la eficiencia del Estado de Derecho.

A manera de conclusión del presente ensayo, podemos mencionar lo siguiente:  La protección a testigos puede significar un medio de represión social, así como un factor contribuyente para la criminalización unilateral por parte de una persona hacia otra o bien, hacia un grupo en particular; y por el otro, el mecanismo por excelencia para vincular a la sociedad con la lucha en contra de la delincuencia organizada; por lo tanto, se requiere analizar las disposiciones que establecen mecanismos que faciliten la cooperación internacional en materia de protección de víctimas y testigos, tales como acuerdos bilaterales para la reubicación de victimas y testigos, la asistencia técnica, el intercambio de experiencias, la capacitación y la asistencia mutua entre Estados.

El proceso globalizador ha contribuido a una internacionalización de la corrupción. Los rasgos distintivos de aquél, como la supresión de las fronteras físicas e incluso políticas entre los Estados, o el extraordinario desarrollo de las tecnologías de la información, han favorecido la expansión de las prácticas corruptas. Así, la desaparición de fronteras permite que todos nos movamos con mayor facilidad, incluidos los delincuentes, entre ellos, los corruptos, haciendo más difícil su persecución.   De esta manera existe cada vez más una creciente cooperación entre Estados para detener operaciones ilícitas por grupos delincuenciales  y bajo esta lógica, podemos argumentar que se necesita también extender los lazos de cooperación en materia de protección a víctimas y testigos, con el fin de hacer mucho más efectivos los medios de combate en contra de la delincuencia organizada.

La adecuación del marco legal mexicano para lograr validar la figura del “testigo protegido”, y poderla “limpiar de todo vicio”, debe cumplir con los ordenamientos internacionales, tales como la Convención de Palermo, a través de los cuales se pueda lograr que México se encuentre a la vanguardia en cuanto al sistema procesal penal se refiere, al establecer un Programa de Protección de Testigos, mediante el cual se determinen todas las circunstancias de las personas que accederán al mismo, tal como sucede en países como España y Estados Unidos, que cuentan con programas consolidados institucionalmente.

 

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en el área de Análisis Político de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, A.C., de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. Anteriormente se desempeñó como Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República de la LXI Legislatura. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.

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