Mademoiselle, Cassez…

25/01/13

Raúl Gutierrez Patiño

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Florence Cassez. Source: tempsreel.nouvelobs.com via LesNews BreakingNews on Pinterest

Si bien ha sido respetado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es necesario hacer ciertas reflexiones en torno a este polémico caso con el fin de respaldar absolutamente la lucha contra el crimen organizado que tanto ha lastimado a nuestra sociedad, ya que delitos como el secuestro constituyen un gran flagelo y bajo ninguna circunstancia, la comisión de estas conductas debe quedar impune.

A efecto de abordar el tema de manera puntual, se menciona a continuación una cronología del caso de Florence Cassez, publicada en: http://www.informador.com.mx/mexico/2012/362007/6/cronologia-del-caso-florence-cassez.htm

  • 2003.- Florence Cassez llega a la ciudad de México procedente de Béthune, Pas-de-Calais, una región enclavada en el norte de Francia. Ingresó como turista y cambió su situación migratoria a no inmigrante con actividades lucrativas. Comenzó a trabajar en la empresa Marketing and Technologys Imported y luego en Servi Bosque.
  • 2005.- La francesa trabaja para el un grupo hotelero y vive con Israel Vallarta, integrante de una banda secuestradores.
  • 9 diciembre de 2005.- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que había desmantelado a la banda de “Los Zodiaco” y que uno de sus integrantes era Florence Cassez. Se le relaciona con al menos 10 plagios y el homicidio de una de sus víctimas. Ese día se ve por televisión que un equipo de efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) ingresa al rancho Las Chinitas, ubicado en el kilómetro 29 de la carretera México-Cuernavaca, y el momento de liberar a tres personas secuestradas.
  • 10 febrero de 2006.- El gobierno mexicano reconoce que la detención televisiva de Cassez se trató de una “recreación”.
  • 9 marzo de 2009.- El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por su presunta participación en una banda de secuestradores domina la agenda de la visita de Estado del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy a México.
  • 10 marzo de 2009.- Se realiza la primera sesión de la Comisión Binacional integrada por funcionarios de Francia y México, que analizará si es procedente que la francesa Cassez cumpla con esta condena en su país; el gobierno mexicano pretende con esta negociación impedir que en caso de entregarla, sea liberada por las autoridades judiciales francesas.
  • 11 mayo de 2009.- El testimonio del presunto secuestrador David Orozco, “El Géminis”, integrante de “Los Zodiaco”, involucra más a Cassez. David Orozco la acusa de haber planeado y ejecutado varios plagios con la banda, así como de estar al cuidado de algunas víctimas.
  • 22 junio de 2009.- El Presidente Felipe Calderón anuncia que la ciudadana francesa no será extraditada a Francia y purgará su condena de 60 años en México.
  • 4 de febrero de 2010.- El gobierno de México reiteró que el caso de la francesa Florence Cassez está concluido, y con base en las pruebas y evidencias presentadas es culpable de los delitos graves que se le imputan, por lo que es primordial que cumpla con la totalidad de la sentencia que se le impuso (60 años de cárcel), por lo que no será entregada a las autoridades de su país.
  • 18 Mayo de 2010.- Nicolás Sarkozy, ex presidente de Francia, solicitó a su homólogo mexicano, Felipe Calderón, que la ciudadana francesa sea entregada a ese país para que allá cumpla la pena impuesta por delitos cometidos en México.
  • 4 de febrero de 2010.- La francesa publica un libro en donde expone su caso e informa que va a pedir un nuevo proceso sobre la base de elementos del texto.
  • 9 de febrero de 2011.- Las organizaciones civiles como Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; México SOS, de Alejandro Martí; Causa Común, de María Elena Morera, y la Asociación Nacional de Consejos de Participación Civil, de Marcos Fastlicht, exigieron al Poder Judicial “no ceder” ante las presiones de Francia en torno al caso de Florence Cassez, señalada como integrante de la banda de secuestradores conocidos como Los Zodiaco.
  • 10 de febrero de 2011.- El séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolverá el recurso que interpuso la francesa, luego de que un tribunal unitario la encontrara responsable de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tres delitos de secuestro y portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de la Armada, con una sentencia de 60 años de prisión.
  • 15 de noviembre de 2011. Una investigación de la iglesia católica mexicana, cuyas principales conclusiones figuran en un documental emitido en Francia, apuntan a las disfunciones de la justicia mexicana que llevaron a la condena en México de la francesa Florence Cassez a 60 años de cárcel.
  • 9 de enero de 2012.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que dentro de su primer periodo de trabajos emitirá una resolución definitiva en el caso de la francesa, Florence Cassez.
  • 7 de marzo de 2012.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, propuso a sus colegas de la Primera Sala, otorgar el amparo y ordenar la inmediata libertad de la ciudadana francesa Florence Cassez.
  • 21 de marzo de 2012.- Se reunieron en sesión privada y posteriormente pública, los ministros de la  Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar sus argumentos y votar el proyecto de resolución propuesto por el ministro Arturo Zaldívar. El sentido de las votaciones de los ministros no logró mayoría para ninguna de las propuestas de los mismos, por lo que se desechó el proyecto y se turnó el asunto a la ministra Olga Sánchez Cordero, que a su vez, deberá realizar una nueva propuesta de sentencia.

Entrando propiamente en materia, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló en un comunicado que Florence Cassez fue encontrada culpable por el Juez de Primera Instancia y el Tribunal de apelación por la comisión de tres secuestros, incluido el de una mujer y un menor de edad, posesión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como por el delito de delincuencia organizada.

Se argumentó que durante el proceso de Cassez se violaron sus derechos fundamentales, lo que entorpeció el principio del debido proceso, y éste tiene que ser respetado en términos de la Constitución.

Los puntos más álgidos de acuerdo a esta situación fueron los siguientes:

  1. El montaje orquestado por Televisa en donde se recreó la supuesta captura de Florence Cassez e Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores los zodiaco, actuación que destruye completamente el principio de buena fe ministerial, ya que  con este caso queda demostrado que los únicos hechos comprobables del expediente son: la manipulación sistemática, la impunidad de origen en el trato de acusados y testigos, y el manejo de los medios para construir versiones ad hoc.
  2. La  asistencia consular que debido de ser recibida en tiempo y forma.
  3. La violación de disposiciones del Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas.
  4. Inconsistencias de la declaración de los testigos. Mientras una de las secuestradas, Cristina Ríos, declaraba a Televisa que nunca vio la cara de sus plagiarios y que no sería capaz de identificarlos “ni por su tono de voz”, el director de Operaciones Especiales de la AFI, Javier Garza, declaraba ante TV Azteca que, “según las víctimas, Florence Cassez era la que les atendía, les daba la comida y los cuidaba”. Mientras Cristina Ríos afirmaba que los secuestradores los habían tratado bien y nunca los habían maltratado, el otro secuestrado, Ezequiel Elizalde, decía que lo habían alimentado con “las sobras del perro”, que lo golpeaban continuamente (traía una venda en la cabeza) y que incluso la noche anterior le habían anestesiado el dedo para cortárselo.

Sin embargo cabe aclarar lo siguiente de acuerdo a los puntos anteriormente mencionados:

  1. Si bien el montaje de la Secretaría de Seguridad Pública, implicaría la disculpa por parte del gobierno mexicano, no significa en ningún momento que se convierta en un mecanismo para argumentar la liberación de la francesa, ya que el montaje no formó parte de las pruebas que tomó en cuenta el Tribunal Colegiado de Circuito para dictar sentencia, ni hizo que cambiara la declaración de los testigos. Asimismo, la exposición mediática no debe ser suficiente para modificar la decisión de un juez. Lo que esta situación amerita, sería la reposición del procedimiento, situación que ya se había promovido anteriormente.
  2. El caso Cassez muestra las consecuencias de los errores de las autoridades mexicanas competentes en la materia, lo que sin lugar a dudas amerita una fuerte sanción; sin embargo la Secretaría de la Función Pública, decidió en su momento que dichas violaciones habían constituido una “falta de oficio”, por lo que resolvió no sancionar a las autoridades. No obstante, los derechos de la procesada en cuanto a asistencia consular no fueron violados de acuerdo al Séptimo Tribunal Colegiado, lo que no produce efectos en el resultado de la sentencia (este tema resulta sumamente problemático, ya que inclusive entre Ministros no hay consenso en cuanto a la adecuada recepción de la asistencia consular y sobre todo, en los efectos que esta produce en la sentencia).
  3. Francia argumentó que se violaron disposiciones del Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas, pero estas no fueron violadas ya que en la fracción III del numeral 1 del artículo 3 de dicho instrumento, se establece que “El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado”. Esto es, el traslado es potestativo para el Estado requerido, en este caso, México.

De igual manera, cabe mencionar que en el numeral 3 del artículo 9 se establece que “El cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento y este Estado será el único competente para tomar todas las decisiones convenientes”; por tanto, consentir  su traslado significaría autorizar que otro Estado permita la reducción o, incluso, la anulación de la pena de los delitos cometidos por Florence Cassez. En México el delito de secuestro se sanciona con la pena máxima, es el castigo que pueden esperar todos aquellos que sean condenados en México por este grave delito, sean mexicanos o extranjeros.

Los ex mandatarios de México y Francia respectivamente, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy establecieron en marzo de 2009, una comisión binacional de juristas con el mandato de hacer un examen minucioso de la Convención de Estrasburgo. En junio de 2009, después de que la comisión binacional sesionara por tres meses, el Gobierno de México concluyó que no existían las condiciones que permitían otorgar su consentimiento para el traslado de Florence Cassez a Francia.

La posición del Gobierno de México se sustentó en las siguientes consideraciones de acuerdo a la inviolabilidad del Convenio de Estrasburgo:

“Existen diferencias sustantivas entre los sistemas jurídicos mexicano y francés que impiden que Florence Cassez cumpla en Francia plenamente la pena aplicada por la justicia mexicana.

Las declaraciones interpretativas formuladas por Francia al Convenio de Estrasburgo constituyen un impedimento para garantizar que Florence Cassez purgue la totalidad de su pena en territorio francés. 

Dichas declaraciones prevén que, en caso de que Florence Cassez fuera trasladada a su país de origen, su condena quedaría sujeta a las decisiones de las autoridades judiciales francesas en cuanto a las modalidades de su ejecución, incluida la suspensión y reducción de la misma. 

Para México es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena de 60 años de prisión, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios pre-liberatorios y reducción de sentencias”.

A pesar de esta cooperación binacional en la materia, en el pasado algunas intervenciones de Sarkozy en favor de Cassez, habían causado enfrentamientos diplomáticos con las autoridades mexicanas, en particular cuando en febrero de 2011 quiso dedicar el año de México en Francia a la francesa, casi convierte el tema en un asunto de Estado, sus intentos para que Cassez cumpliera su condena en Francia fracasaron. Las relaciones entre ambos países cayeron a su nivel más bajo en décadas, lo que incluso llevo consigo la cancelación del año de México en Francia, cuando el ex presidente planteo la idea de dedicar el  evento a Florence Cassez.

4.- Cassez había afirmado constantemente que no sabía nada de las personas secuestradas, a lo que comparto la siguiente interrogante: ¿cómo es posible que una persona pueda convivir con otra, compartir la casa y no darse cuenta de la existencia de personas secuestradas, cuando además las propias víctimas la identificaron como su secuestradora y torturadora? Considero y con todo respecto al lector, que se necesita ser verdaderamente cínico para afirmar con sangre fría semejantes mentiras, así como ser lo suficientemente obtuso para creerlas.

No es necesario ser docto en Derecho para saber que, cuando las víctimas son llamadas a declarar, se entiende en primera instancia que su testimonio puede estar viciado por el temor de recordar los acontecimientos, así como experiencias dolorosas y traumáticas; por lo que se requiere una atención especializada y adecuada que sirva como mecanismo para que dichas declaraciones sean consideradas verdaderamente como una prueba fehaciente de la verdad, situación que se desmoronó aún más, ante la intervención en el proceso por parte de las autoridades responsables en el caso convirtiendo a las victimas en “testigos manipulados por las autoridades”. Por lo tanto, queda de manifiesto la urgente necesidad de promover prácticas que aseguren la protección de las víctimas y testigos, y que no exista la menor posibilidad de que las autoridades obliguen a estos a rendir una declaración o testimonio bajo ningún tipo de presión, de nuevo una falla en el proceso en donde la impunidad queda demostrada.

En el fallo de la sentencia solamente se establece que durante el proceso en contra de Florence Cassez, existieron irregularidades en el mismo y que por tanto, se le concedía la libertad absoluta por medio de un amparo. Sin embargo, jamás se establece que efectivamente ella no participó en las operaciones delictivas de la banda de secuestradores; por lo que sale a colación el conflicto en relación con la correcta impartición de justicia en beneficio de las víctimas, ya que si bien el montaje vicio el proceso penal en contra de Cassez, afirmar que su liberación significa una victoria para el pueblo de México, representa una grave falta de sentido ético para las victimas.

A manera de conclusión de la presente reflexión queda por aclarar lo siguiente, a través de las redes sociales mexicanas, se afirma constantemente con la palabra “triunfamos”, el argumento de que el poder de los medios de comunicación, no supero el poder judicial; o bien que la “culpa” la tiene televisa o la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin embargo, es necesario aclarar que:

  • Esta nueva resolución, se dicta a casi un año de la anterior en la que se rectificó la sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se reconocieron irregularidades en el proceso, aún así quedó demostrada la culpabilidad de Cassez.
  • ¿Triunfamos? Pareciera que se tristemente la opinión pública se deja manipular por lo establecido en los medios de comunicación respecto a un proceso mal llevado, si realmente habláramos de una correcta impartición de justicia, entonces el proceso en contra de Israel Vallarta lamentablemente debería modificarse, ya que al igual que Cassez, Vallarta  fue víctima del montaje elaborado por televisa y la Agencia Federal de Investigación (AFI), ya que está grabado como afirma declaraciones bajo tortura, lo que aparentemente la prensa ha callado; por lo tanto ¿cómo puede haber un triunfo, cuando evidentemente existen irregularidades que fomentan la impunidad abriendo las puertas de la libertad a criminales?
  • Ni televisa, ni la AFI, tienen la capacidad respecto a la impartición de justicia de la Nación y la interpretación constitucional, la cual es facultad exclusiva de la SCJN; por lo tanto, esta falla corresponde al Poder Judicial, que aparentemente parece haber sucumbido ante presiones internacionales carentes de fundamento, y sobre todo, ante el poder de los medios de comunicación.
  • Sale a consideración la hipótesis referente a intereses políticos en donde parece ser que la actual administración intenta consolidar su legitimidad sin importar echar abajo los avances en materia de detención y combate al secuestro instaurados durante el sexenio anterior. Se supone que los Tres Poderes de la Unión son autónomos e “independientes” entre si y el que debe de gozar de una autonomía absoluta es el Poder Judicial. El Ejecutivo y en ocasiones el Legislativo, rinden informes de sus actividades, el Judicial no lo hace por la sencilla razón de que supuestamente debe actuar sin la injerencia de los otros dos para la correcta impartición de justicia y en consecuencia del desarrollo eficiente del Estado de Derecho. Sin embargo resulta sumamente sospechoso, que recién comenzada la nueva administración del Poder Ejecutivo, se cambie una resolución que ya había sido apelada casi un año atrás, en donde hubieron trabajos binacionales en conjunto desde hace más de tres años.

Y mientras tanto, las víctimas, sólo mirando…

 

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en el área de Análisis Político de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, A.C., de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. Anteriormente se desempeñó como Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República de la LXI Legislatura. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.

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