La Cumbre CELAC-UE y el Complicado Panorama de los Recursos Naturales en América Latina

26/06/13

Silvia Chávez*

147El 26 y 27 de enero de 2013, en Santiago de Chile, se llevó a cabo la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) con el tema principal “Alianza para el Desarrollo Sustentable: Promoción de Inversiones de Calidad Social y Ambiental” en donde los mandatarios de ambas regiones se comprometieron, entre otros asuntos, a preservar el medio ambiente y a alcanzar un desarrollo sustentable a través de inversiones productivas y responsables. Bajo este contexto, se le dio un énfasis especial a las inversiones de la UE en América Latina y cómo éstas podrían contribuir al desarrollo de las comunidades locales y pueblos indígenas latinoamericanos.

A pesar de que los mandatarios mostraron optimismo sobre el tema de desarrollo sustentable, existen grandes diferencias entre los distintos países en cuanto a la mejor manera de alcanzar el desarrollo o progreso económico en América Latina, y quién tiene el derecho a explotar los recursos naturales. En este marco de diferencias salió a colación el trato que se le debe dar a las inversiones de la UE dirigidas especialmente a los sectores de energía y minería. Por un lado, la UE cree firmemente  que las inversiones apegadas a la ley promueven el desarrollo y el progreso económico en las comunidades más necesitadas, por lo que se plasmó en la Declaración de Santiago el apoyo a “[..] inversiones que respeten el derecho nacional e internacional, que sean productivas, generen valor agregado, promuevan la inclusión social, sean ambientalmente sanas y estén en armonía con la naturaleza” (Declaración de Santiago 2012 p.11) y para llevar a cabo esto se necesita de un ambiente libre y sin proteccionismo en los mercados.

En este sentido, los objetivos de la Unión Europea en la cumbre fueron claras: asegurarse que sus inversiones estén seguras, menos protección en los mercados latinoamericanos y más seguridad jurídica para así evitar expropiaciones como las que se han llevado a cabo en Bolivia, Argentina y Venezuela. Asimismo la UE reconoce que quiere salir de la profunda crisis en la que se encuentra sumergida y una salida podría ser precisamente a través de las inversiones en otros países. No obstante, es importante analizar la otra cara de la moneda, ¿cuál es la situación actual de las inversiones de la UE en América Latina y específicamente en el sector energético y minero? ¿Cuáles y cuántos conflictos sociales – ambientales existen en torno a estos sectores y a qué se deben? Y ¿esta situación complicada podría poner en jaque la integración de las regiones?

Actualmente la inversión de la Unión Europea en América Latina alcanza 385 mil millones de Euros, lo que representó el 40% de las inversiones en esta zona entre 2006 y 2010, siendo España el principal inversionista (CEPAL 2011). De acuerdo al informe de la CEPAL (2011) sobre Inversión Extranjera de la Unión Europea en América Latina, los países con mayor captación de inversión española fueron Brasil, México, Chile y Argentina (Ibid 2011). A España le siguió Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos (Ibid 2011). Entre las empresas con la mayor inversión en el sector de hidrocarburos y minería son: Anglo American PLC en el sector minero (Reino Unido/Sudáfrica), Royal Dutch-Shell en hidrocarburos (Reino Unido/Países Bajos), Repsol (España) y British Petroleum (Reino Unido) (Ibid 2011). Asimismo el informe menciona que “en los últimos años las empresas europeas han seguido implementando activas estrategias de búsqueda de recursos naturales” (CEPAL 2011 p. 14). Esto se debe a que el sector minero tuvo un auge importante en los últimos años debido al incremento de la demanda por recursos por parte de China, así como el incremento en el precio del oro y otros minerales.

Esta situación de crecimiento propició que nuevas empresas extranjeras, no solamente europeas, pero principalmente empresas junior sin mucha experiencia y sin una política fuerte de responsabilidad social corporativa, invirtieran en nuevas exploraciones de búsqueda de yacimientos de minerales e hidrocarburos en lugares donde antes no existían estas prácticas. Esto propició el aumento de conflictos sociales – ambientales en las zonas de exploración aunado a los conflictos ya existentes en el sector. De acuerdo al ex – viceministro de ambiente del Perú, José De Echave et. al (2009) existen diferentes tipos de conflictos en el sector minero y energético y se pueden clasificar de la siguiente manera: i) por la forma de extracción de los recursos (un ejemplo es la minería a cielo abierto y la contaminación que genera); ii) por los tipos de población (muchos de los asentamientos de los minerales e hidrocarburos se encuentran en zonas rurales o urbanas y es necesaria la reubicación de dichas poblaciones), y iii) por el tipo de zonas mineras (nuevas zonas de exploración vs las zonas ya exploradas y explotadas). También existen críticas sobre las ganancias de la explotación de los recursos naturales para las comunidades y para el Estado en general, así como la efectividad de la distribución o re-distribución de dichas ganancias (sobre este tema existen varios estudios, entre los que destacan los realizados por Propuesta Ciudadana disponibles en http://www.propuestaciudadana.org.pe/).  En resumen, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, menciona que existen más de 180 conflictos sociales – ambientales en la región, los cuales tienen diferentes origines y objetivos. Los países con mayor número de conflictos son Perú (31), Chile (30), México (23) y Brasil (20) (OCMAL 2012).

Argentina está entre los países con conflictos sociales-ambientales que han llevado a cabo expropiaciones. Cristina Fernández, Presidenta de Argentina, argumentó que una de las razones principales de la expropiación de Repsol –YPF en el 2012, se debía a la ineficiencia de la empresa en explotar los hidrocarburos y que por esta situación Argentina se veía obligada a importar gas y petróleo. En su discurso se enfatizó que la expropiación generaría la creación de empleo, apelaría la equidad social y aumentaría la competitividad y el crecimiento sostenible de las provincias. Por último llamó a la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera” (Carmen Monforte, Cinco Días, 2012). No obstante, se menciona que  el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la región de Vaca Muerta que podría triplicar las reservas del país y  que es de interés para el gobierno argentino también complicó la situación con Repsol (Alfonso Ussía, La Razón, 2012); así como un conflicto social en la región de Caleta Olivia que se originó debido al desempleo que existe en la zona donde opera la petrolera (Luis Ceriotto, El Clarín, 2010).

El ejemplo de Repsol en Argentina es uno de tantos que ocurre en la región y por lo tanto la situación del sector de hidrocarburos y minero en América Latina es complicada. Primero, existen variados conflictos sociales – ambientales en la región que necesitan una solución pacífica, y en caso de agravarse podrían desalentar las inversiones; segundo, es importante entender el trasfondo de las expropiaciones en países como Argentina, Bolivia y Venezuela, y tercero, en muchos casos no existe una política de responsabilidad social por parte de la empresa, lo que incrementa los conflictos sociales, así mismo tampoco existen marcos jurídicos que establezcan cuáles son las responsabilidades de cada actor en el contexto. Bajo esta situación, Evo Morales, en su discurso ante la cumbre de la CELAC – UE, mencionó que las inversiones son necesarias y que éstas serán bienvenidas siempre y cuando las empresas tengan responsabilidad y consciencia social. La condición única fue que los recursos naturales le pertenecen al Estado de Bolivia y en este sentido fue el único país que formuló una reserva a la Declaración de Santiago.

El discurso de Evo refleja la situación por la que atraviesa América Latina, una región que necesita de inversión responsable que en vez de generar conflictos sociales – ambientales ayude a disminuirlos generando un desarrollo sustentable y que al mismo tiempo respete los derechos. Dichos argumentos son válidos sobre todo entendiendo la situación social en los sectores mineros y energéticos. No obstante, es igual de válido cuestionar si el Estado tiene la capacidad para operar de manera eficiente, y por ende, mejor que una empresa privada y si tiene la capacidad de terminar con los conflictos sociales, como el caso de Caleta Oliva en Argentina. El proteccionismo y las expropiaciones son medidas que han tomado ciertos gobiernos con el argumento de que ellos tienen el derecho a explotar sus recursos, sin embargo, tampoco han dado señales que tengan la capacidad de terminar con dichos conflictos y que realmente las ganancias se traduzcan en un desarrollo sustentable.

Si bien es cierto, que la inversión de la UE ocupa un porcentaje alto en América Latina, los mandatarios deben tomar en cuenta las diferencias de las dos regiones así como sus diferentes objetivos a seguir y esta situación podría poner en tela de juicio la integración a la que se quiere llegar en caso de no limarse las asperezas. Si la UE quiere seguir llevando a cabo sus inversiones en el sector minero y energético en América Latina es importante que tome una posición de responsabilidad social y de respeto a la naturaleza para no generar o agravar los conflictos sociales. Si bien las buenas intenciones quedaron plasmadas en la Declaración de Santiago el reto será convertir las inversiones en un verdadero desarrollo ad hoc a la situación de América Latina, que termine con conflictos y beneficie tanto a las comunidades como a la UE.

 

*Silvia Chávez es Asociada del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Cuenta con una Licenciatura en Relaciones Internacionales por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Bath en el Reino Unido.

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