Inseguridad de periodistas en México: ¿responsabilidad de Barack Obama o de Enrique Peña Nieto?

15/05/13

Ana María de la Parra

Mucho se ha hablado de la inseguridad de los periodistas en México y en esta semana la cobertura ha aumentado debido a que se juntaron dos fechas importantes, el aniversario del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, el pasado 28 de abril y el Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo.

El 28 de abril se llevó a cabo en 14 estados de México una marcha masiva para levantar la voz y pedir apoyo al gobierno, un apoyo más contundente para mitigar esta violencia dirigida y que ya ha cobrado 86 vidas y mantiene a 17 personas desaparecidas en los últimos 10 años.

Esta marcha no se debe interpretar como una total ausencia de acciones por parte del gobierno federal hacia el tema. Varios medios internacionales mencionan la ley aprobada el pasado 25 de abril que facilita el seguimiento como crimen federal a cualquier acción en contra de la libertad de información. Asimismo, existe el mecanismo de protección federal que entró en vigor en octubre 2012, pero que hasta la fecha sólo 48 personas, de las cuales 13 son periodistas. Sin embargo, estas acciones se ven insuficientes en comparación a la magnitud del problema, que se ha desarrollado y complicado desde inicios del sexenio anterior. Esto no demerita los esfuerzos, sino que se perciben tardíos y para causar un verdadero impacto deben ir acompañados de más acciones prontas y con mayor nivel de cobertura.

La atención mediática a México respecto a este tema fue tal, que culminó con un movimiento de Christophe Deloire, Director General de Reporteros Sin Fronteras aprovechando que la visita a México del presidente Obama coincidió con Día Mundial de la Libertad de Prensa. Su estrategia fue una carta publicada en el New York Times dirigida al mismo presidente Obama y se titula “Presidente Obama, ¿qué vas a hacer para poner fin a la tortura de periodistas en México?”

En su carta hace referencia a la situación general y a los esfuerzos que se están llevando a cabo, pero que no son suficientes. Señala que el colapso del estado de derecho en México es directamente relevante a los Estados Unidos. Esto es debido a que afecta la seguridad y el trabajo de periodistas estadounidenses que constantemente están expuestos a los mismos riesgos que sus colegas mexicanos. Asimismo, obliga a más periodistas mexicanos y blogueros a huir hacia Estados Unidos. Finalmente y sobre todo, señala, refleja el fracaso de las políticas dirigidas a combatir el tráfico de drogas y el “reinado de los cárteles”.

Al final de su carta, Christophe Deloire expresa tres recomendaciones al gobierno federal de Estados Unidos:

  1. Facilitar el proceso para periodistas mexicanos, blogueros y defensores de Derechos Humanos para obtener asilo en Estados Unidos.
  2. Usar su influencia en la Organización de los Estados Americanos, junto a otros países, para poner presión en México para lograr justicia en casos de periodistas asesinados o desaparecidos.
  3. Presionar al gobierno federal mexicano a obtener resultados tangibles en la investigación del asesinato del camarógrafo estadounidense Brad Will, un caso típico en la forma en que los oficiales continuamente son cómplices en la violación de libertad de información en México.

Sin duda es un tema que se tiene que atender en la brevedad. Sin duda deben extenderse los alcances de los esfuerzos ya alcanzados para contrarrestar la situación. Es importante dar seguimiento a los casos para que existan consecuencias a los violadores de la ley. No se puede hacer suficiente énfasis en la gravedad de la situación y la urgencia y fuerza con lo que se debe tratar. Sin embargo, la carta del Director General de Reporteros Sin Fronteras es una llamada de atención a que el gobierno federal debe tomar el tema en sus manos ya.

No podemos dar cabida, además de la situación, a que el Director General francés que habla de un organismo internacional dirija su discurso al presidente de un país ajeno, en lugar del gobierno federal del país afectado. En su carta, está haciendo una invitación directa a intervenir dejando claro que no ve la capacidad en México y los mexicanos de manejar la situación. Tal vez tenga razón, pero un escrito en el cual se convoca a usar influencias en la OEA y coordinarse con otros países para presionar a México, debería haber llevado una copia al presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, las declaraciones del riesgo que la situación en México significa a los periodistas estadounidenses y su llamado a traer justicia especialmente al caso del camarógrafo Brad Will, pone en tela de juicio las intenciones de alguien que aboga por la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en el mundo, y las limita a un mero interés de poner su agenda en primera prioridad. Y esto, para mí, es una última fuerte llamada de atención de demostrar la capacidad y compromiso del gobierno federal mexicano a atender los derechos de libertad de información.

 

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