Caravana de madres de inmigrantes desaparecidos procedentes de Centroamérica

02/13

Raúl Gutiérrez Patiño

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Tren “La Bestia”. Source: michellefrankfurter.com via Becky on Pinterest

Tristemente vivimos en una época donde la migración es considerada como una especie de delito en donde la población migrante, representa uno de los sectores más vulnerables de una sociedad al no existir marcos normativos lo suficientemente fuertes que garanticen su protección; por lo tanto, es responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto, mejorar los mecanismos de cooperación internacional existentes en la materia a efecto de salvaguardar los derechos humanos de este sector.

El pasado 18 de diciembre del 2012, se celebró el día internacional del migrante; por tal motivo, se nos presentó la oportunidad de hacer una profunda reflexión en torno a la realidad de la migración para una sociedad, así como reconocer los peligros que enfrenta el sector migrante, y la responsabilidad de los Estados con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula en 214 millones de personas el flujo de migrantes internacionales a nivel mundial, de los cuales 40 millones son migrantes indocumentados. De acuerdo a datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas, los migrantes representan el 20% de la población de 31 países que tienen menos de un millón de habitantes, la tercera parte de los migrantes se ha trasladado de un país desarrollado a otro y otro tercio, se ha trasladado de un país en desarrollo a un país desarrollado.

Cabe mencionar que un sector de esta población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad mucho mayores, son las mujeres indocumentadas ya que se enfrentan no sólo a los azotes de la delincuencia organizada que las convierten en victimas de la trata de personas o que las obligan a cometer otras prácticas aberrantes, sino que muchas veces, inclusive a los abusos de las autoridades migratorias del país receptor. No obstante a esta realidad donde el factor de vulnerabilidad resulta mucho mayor, mujeres y madres de familia de migrantes, han tomado la iniciativa de encontrar a sus familiares que han desaparecido al momento de dejar sus países de origen en búsqueda de una vida mejor.

Cabe pues mencionar a las “Caravanas de Búsqueda de Madres Centroamericanas”, las cuales llevan ya 8 años de venir formalmente a México en busca de sus hijos, hermanos, o familiares desaparecidos en su tránsito por nuestro país. Aunque las búsquedas individuales o en pequeños grupos datan de muchos años atrás, iniciaron de manera muy precaria, cubriendo solo el sureste mexicano y a partir de la intervención del Movimiento Migrante Mesoamericano como anfitriones en México, se ha logrado ampliar su geografía, impacto, trayectoria y difusión. La caravana que en esta ocasión recorrió el país, estuvo integrada por 60 madres y padres procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, así como por esposas de algunos de los migrantes centroamericanos desaparecidos, quienes durante 19 días, recorrerán estados como Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, en busca de sus familiares. Durante lo que resta del viaje por el territorio nacional, la Caravana tendrá actividades en ciudades que se ubican dentro de la ruta del migrante como Lechería, Huehuetoca, en el Estado de México, la Ciudad de México, Tierra Blanca y Coatzacoalcos, Veracruz, Ixtepec, Oaxaca, Tapachula, Chiapas, finalizando en Ciudad Hidalgo el día 3 de noviembre. Las actividades de esta Segunda Caravana consistieron en paradas en las plazas públicas, búsquedas recorriendo calles y lugares de congregación de migrantes y, fotografías en mano, preguntaron si alguien había visto alguno de los desaparecidos.

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, actualmente cerca de mil 700 migrantes han desaparecido entre el trayecto en la entidad y el norte del país. Para atender esta problemática, el Gobierno Federal ha dispuesto de varios mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional. En el 2011, el gobierno de México celebró la adopción del Memorándum de Entendimiento suscrito por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, para el establecimiento de una Red de Protección Consular y Asistencia Humanitaria en el país, con el objetivo salvaguardar los derechos de los trabajadores centroamericanos en tránsito, tal y como lo hace la red consular mexicana en el extranjero.

Durante esta expedición, los integrantes de la caravana, demandaron responsabilidad del gobierno para buscar a sus familiares, así como brindar más apoyo a las familias afectadas, exigencias que consideramos justas y que requieren de una solución de manera urgente. Cabe mencionar que México no ha hecho oídos sordos a estas exigencias que no son nuevas. El Gobierno Federal ha implementado medidas pertinentes en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, como prueba de ello, se publicó el Reglamento de la Ley de Migración que permite hacer frente a la realidad y necesidades a las que se enfrentan los migrantes, ya que en él están plasmados las normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender de forma especializada e integral este fenómeno además de fortalecer los instrumentos en materia de defensa y protección de los Derechos Humanos.

Además, se contempla la participación de las instancias de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, creando una política integral en donde se refuercen los trabajos de las instituciones nacionales e internacionales en un marco de responsabilidad compartida. En el tema de Justicia, los extranjeros víctimas de delitos graves tendrán derecho a que se les brinde protección a su integridad y pleno respeto a sus derechos humanos.

A lo largo del octavo recorrido de la Caravana, se recordaba constantemente que “México firmó tratados internacionales y no pude impedir el libre paso de sus hermanos centroamericanos”. En el reglamento de la Ley Nacional de Migración, se regula la migración “sin documentos” toda vez que ya no es considerada “ilegal” por lo que dejo de ser un delito entrar sin papeles a nuestro país; por lo tanto, gracias a esta política interna, México ha realizado el armónico legal que permite favorecer un trato digno y de respeto a los migrantes en territorio nacional.

Ante esta problemática, cabe resaltar las siguientes acciones que se requiere sean llevadas a cabo para garantizar la adecuada protección a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional:

  1. El asesinato, secuestro y violaciones a los derechos humanos de los migrantes constituyen una afrenta para la sociedad mexicana; por lo tanto, es necesario continuar con los esfuerzos para garantizar el respeto los derechos humanos de los migrantes en México.
  2. Reforzar y actualizar los mecanismos que permitan disminuir el factor de vulnerabilidad de los migrantes en territorio nacional.
  3. Impulsar acciones para la defensa y protección de los migrantes y sus familiares en nuestro país.
  4. Exhortar a los gobiernos locales a sumar esfuerzos y recursos disponibles para localizar a los migrantes desaparecidos dentro de sus competencias.

A manera de conclusión, resulta pertinente reconocer que a pesar de las múltiples adversidades, los migrantes contribuyen al desarrollo de los países de destino aumentando la fuerza activa, el número de consumidores y aportando su capacidad empresarial, ya que mantienen la viabilidad de actividades económicas.

 

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en el área de Análisis Político de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, A.C., de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. Anteriormente se desempeñó como Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República de la LXI Legislatura. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.

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