Aspectos Constitucionales de Política Exterior

05/08/12

Raúl Gutiérrez Patiño

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Fuente: via Christian on Pinterest

De acuerdo con un Estudio Teórico Conceptual, de Antecedentes Constitucionales, Planes de Gobierno, de Derecho Comparado, de Iniciativas de reforma al Artículo 89 Constitucional, entre otros, y de Reforma del Estado, de la Cámara de Diputados LIX Legislatura, los ámbitos de acción del Derecho de un país, como lo demuestra la teoría y práctica jurídica, van más allá de sus fronteras territoriales. Es en este sentido que se habla de los lineamientos que debe de seguir un Estado cuando interactúa con otras naciones o entes de carácter internacional, se está haciendo alusión al desempeño de una Política Exterior determinada. Hoy en día con la llegada innegable de la globalización en todas las ramas de la actividad humana, es necesario llevar a cabo una reflexión de los principios establecidos a nivel Constitucional que se han venido aplicando en materia de política exterior y, el destino que éstos tendrán con la actual dinámica internacional.

Para poder abordar el tema de la mejor manera posible, se considera necesario aportar una definición sobre política exterior, la cual, de acuerdo con el Diccionario de Política Internacional, de Edmundo Hernández Vela-Salgado, se define como: “El conjunto de políticas, decisiones y acciones, que integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, sólidos e inmutables, forjados a través de su evolución y experiencia histórica; permanentemente enriquecido y mejorado; por el que cada Estado, u otro actor o sujeto de la sociedad internacional, define su conducta y establece metas y cursos de acción en todos los campos y cuestiones que trascienden sus fronteras o que pueden repercutir al interior de las suyas; y que es aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados en aras del bien general de la nación y de su desarrollo durable, así como de la búsqueda del mantenimiento de relaciones armoniosas con el exterior”. Por tanto, La política internacional se concibe como una palanca de la mayor relevancia para contribuir a alcanzar los objetivos nacionales de superación de la desigualdad económica, generación de oportunidades de trabajo y abatimiento de la inseguridad.

Después de la definición anteriormente mencionada, creemos pertinente comenzar por mencionar los diferentes aspectos de la política exterior contemplados en la Constitución, los cuales, van más allá del contenido de los principios normativos de la misma plasmados en el artículo 89 Fracción X, tales como: La autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En cuanto al análisis de la política exterior, la Constitución establece en su artículo 76 Fracción I que esta, es una facultad exclusiva del Senado.

Cuando se habla del desarrollo de la política exterior, el innegable respeto a los derechos humanos salta como una de las más grandes prioridades, de las cuales, México se ha comprometido con la sociedad internacional. Ante esta realidad, nos encontramos con la disyuntiva sobre lo que debe prevalecer como ley suprema en el orden normativo del Estado Mexicano, la constitución o los tratados internacionales. Es necesario aclarar lo anterior para que exista un efectivo control de constitucionalidad por parte del Estado, que permita la ampliación o el acotamiento de las facultades del Senado en cuanto al ejercicio de la política exterior.

Según las nuevas reformas a la Constitución, particularmente en su artículo primero, podemos observar que los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos, han adquirido una supremacía normativa de igual importancia que la Constitución en nuestro sistema jurídico, ya que el contenido de estos y las sentencias emitidas en beneficio de los derechos humanos, son ahora obligatorios para el Estado.

De acuerdo con Sergio López Ayllón en Tratados Internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en un segundo plano respecto de la constitución federal (AMPARO EN REVISIÓN 1475/98), los tratados son un compromiso del Estado mexicano en su conjunto; por lo que estos ocupan la misma importancia que la Constitución. Cabe mencionar que los tratados internacionales han comenzado a regular algunas materias que tienen un impacto directo en el derecho nacional por ejemplo: el comercio, los derechos humanos, las relaciones contractuales, el medio ambiente, etc. Además, ciertos agentes externos tienen interés directo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México, generando así un mayor escrutinio, incluso presión, para lograr tal fin. Por todo lo anterior, el peso específico de los tratados internacionales en el derecho mexicano es cada vez mayor; sin embargo, su dependencia respecto al ordenamiento jurídico mexicano, se encuentra plasmada en el artículo 133 constitucional, lo que establece una supremacía jurídica de la Constitución respecto de los tratados internacionales que no tengan que ver con derechos humanos.

El tema de los tratados internacionales merece una consideración especial, ya que no solo son el medio por el cual México da cumplimiento a sus obligaciones con la sociedad internacional, sino que en nuestro sistema, a nivel interno, entre otras cosas, se sustenta básicamente por la jerarquización de las leyes como en todo Estado de Derecho, y los principios normativos de política exterior, dictan como debe llevarse a cabo su relación con otros sujetos de derechos internacional.

En el caso concreto de México, una de las cuestiones medulares que ha sido necesario atender en cuanto a su política exterior se refiere, es la manera en que estos principios contenidos en la Constitución y que se derivan de los principios fundacionales de instrumentos internacionales como la Liga de las Naciones, la Carta de las Naciones Unidas; pero también de postulados mexicanos como la Doctrina Carranza y la Doctrina Estrada, puedan aplicarse a las nueva realidad internacional.

Los principios normativos de la política exterior de México, son facultad del Jefe de Estado y no del Senado, en donde si bien estos principios han dirigido con éxito la política exterior de México, convirtiéndolo en un ejemplo para la sociedad internacional en cuanto al respeto a la soberanía de otros Estados por medio de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, podemos mencionar que su ejercicio con estricto apego a la literalidad de la ley, ha entorpecido y a veces obstaculizado el propio desarrollo de México en el concierto internacional al impedirle actuar con eficiencia o bien, manifestar posturas en acontecimientos de gran relevancia, que velen por el respeto a los derechos humanos o la solución pacífica de controversias (aunque ambos sean principios propios de política exterior).

La elevación de los principios en materia de política exterior a rango constitucional causó en su momento críticas como la de Alonso Gómez-Robledo Verduzco, quien cuestionó si en realidad era necesario reformar la Constitución Política para consagrarlos en forma expresa, concluyendo que no existía justificación alguna toda vez que éstos se encontraban ya de forma explícita e implícita en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y en virtud de que México ya formaba parte de esos instrumentos internacionales, se encontraba obligado jurídicamente a cumplirlos, y de lo contrario incurriría en responsabilidad internacional; sin embargo, opiniones a favor como la de Emilio O. Rabasa apuntan que los principios de política exterior plasmados a nivel constitucional, “permiten definir los códigos de conducta que un Estado habrá de cumplir en su comportamiento exterior”. Asimismo, aclara que: “Esos principios no son la política exterior, pero sí son uno de sus elementos fundamentales”. Y agrega enseguida: “No bastan, pero proporcionan el marco de referencia para determinar, en ese contexto, objetivos, estrategias, intereses e instrumentos.”

Como se afirmó anteriormente, el estricto apego a la literalidad de los principios normativos de política exterior, ha entorpecido las relaciones de México con otros Estados ha puesto de manifiesto la poca voluntad del Estado mexicano en colaborar de manera efectiva no solo con sus socios estratégicos, sino con la sociedad internacional en su conjunto. La no flexibilización de los principios normativos de política exterior de México en materia de no intervención y autodeterminación de los pueblos, traería el costo de obstaculizar no solo la relación con otros Estados, sino lo que a nuestro juicio deben ser los objetivos prioritarios de la política exterior como: la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior; la defensa de la promoción de los derechos humanos y la democracia; el fortalecimiento del multilateralismo y promoción de la paz en el mundo; y el Impulso a la integración humana.

México ha omitido manifestarse abiertamente en contra de hechos por demás violentos que han cometido ciertos Estados en perjuicio de los derechos fundamentales del individuo a pesar de la reforma planteada anteriormente en materia de derechos humanos (A excepción de Libia, los hechos que han ocurrido en Medio Oriente a raíz de la llamada “Primavera Árabe”); de igual manera, ha omitido postura sobre decisiones que organismos internacionales han tomado como punto de partida para aportar soluciones a conflictos entre Estados, así como al fortalecimiento del multilateralismo, por ejemplo, la abstención de México sobre la entrada de Palestina a la UNESCO. Con estas evidencias, México ha actuado con poca concordancia de acuerdo a sus principios de política exterior, ya que con la excusa de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, ha omitido posturas que han ido a favor de la cooperación internacional para el desarrollo, la búsqueda de la paz, la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la solución pacífica de controversias.

A manera de reflexión, resulta importante mencionar que estamos viviendo una era en donde los Estados- Nacionales están evolucionando en Regiones y la pertenencia de México en numerosos foros y organismos internacionales, le ofrece condiciones propicias para incrementar su participación en la construcción del nuevo orden mundial. Al gobierno le corresponde mantener y acrecentar el reconocimiento y el respeto del país en el mundo. Para reasumir su papel en el contexto internacional, México debe ser capaz de construir relaciones sólidas y respetuosas con todas las naciones.

 

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República.  Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España

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