Acceso a la Información en Materia de Seguridad: El Maniqueísmo de la Transparencia y la Especificidad Jurídica Penal

05/11/12

Juan Espinosa

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Fuente: hackreports.com via Hack on Pinterest http://www.pinterest.com/pin/523965737866372056/

El texto y las opiniones contenidas en el presente artículo son responsabilidad única y exclusivamente del autor a título individual, quien no representa a ninguna de las instituciones de referencia.

He seguido con interés la trayectoria del Dr. Alejandro A. Poiré Romero. Tengo la impresión de que se trata de un tecnócrata de primera línea que ha logrado impulsar no sólo su propia carrera política, sino también convertirse en instrumento clave para la implementación de diversos proyectos e iniciativas en algunas de las agencias gubernamentales mexicanas con mayor peso en el proceso de toma de decisiones sobre temas de seguridad a nivel nacional.

En particular, ha llamado mi atención la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial y su correspondiente sistema de consulta impulsados por el Dr. Poiré Romero durante su estadía en la Presidencia de la República, al frente de la Vocería en Seguridad. Un proyecto que desde su concepción sorprendió tanto al público como expertos por presentar cifras por arriba de las comúnmente estimadas por la prensa, think tanks y organizaciones de la sociedad civil.

Desde su lanzamiento, la base de datos referida fue un primer paso en la dirección correcta en términos de transparencia y acceso público a información relevante que ayudase a describir y explicar el pronunciado incremento de la violencia que el país venía experimentando desde 2007. Implícitamente, representó también el reconocimiento del gobierno federal acerca de la existencia de un fenómeno de violencia que requería atención del más alto nivel.

De acuerdo con los cálculos dados a conocer por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) de 2007 a 2010 hubo un pronunciado incremento en la violencia en el país: en 2010 la tasa de homicidios alcanzó los 21.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, su punto más alto de los últimos 15 años.[i] Entre diciembre 2006 y diciembre 2010, se reportaron 34,612 homicidios ligados con actividades relacionadas al narcotráfico[ii] y el propio Dr. Poiré Romero lo señalaba explícitamente al referir que México presenciaba una escalada en el número de dicho tipo de incidentes violentos.[iii]

Adicionalmente a su contribución en términos de transparencia y acceso a la información, una de las externalidades positivas de la base de datos a cargo del Dr. Poiré Romero fue servir como pauta para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pusiera a disposición del público la base de datos sobre incidencia delictiva – estadística y herramienta de análisis[iv], conformada a partir de información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías estatales.

Sin embargo, con la salida oficial del Dr. Poiré Romero de Los Pinos, la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial perdió tanto su marcaje personal como el capital político indispensable para dar continuidad a la misma. El proyecto se vio severamente afectado por la transferencia de responsabilidades a la Procuraduría General de la República. Ello fue reflejado por el formato poco amigable en Acrobat Reader en el que fue publicada la información más reciente, reportando 47,515 homicidios[v], y con ello, eliminando de raíz el uso del sistema de consulta. Más grave aún, fue la pérdida del capital político (e intelectual) necesarios para defender una iniciativa que empoderaba al público y obligaba al sistema a ofrecer información sustentada en reportes y que resultara coherente.

La pérdida de acceso público a la información y datos contenidos en esta iniciativa bajo la explicación de que se habían recibido quejas provenientes de organizaciones de la sociedad civil respecto a la valoración jurídica de los casos considerados dentro de la misma me resulta poco convincente. No dudo de la existencia de tales quejas, ni tampoco de la falta de una congruencia total entre el lenguaje utilizado por la metodología de la base de datos con la terminología y el marco jurídico mexicanos.

Lo que me preocupa es que no haya existido un esfuerzo profundo por parte de las autoridades mexicanas, y en lo particular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones de la Sociedad Civil (bajo la estructura del actual Secretario de Gobernación) para dialogar con las organizaciones que expresaron haberse visto afectadas por el lenguaje de la iniciativa en aras de implementar una transición gradual hacia un lenguaje más apropiado ya fuera para esclarecer el objetivo netamente general y no particular de la iniciativa o para comenzar la transformación de la misma para servir como una herramienta jurídica en algún futuro.

Me parece que en tal sentido es necesario ofrecer claridad sobre el alcance y los objetivos últimos de la iniciativa, enfatizando la utilidad explicativa de la misma desde una perspectiva congruente con su propia metodología -apropiada para ofrecer conclusiones agregadas- y rechazando su utilidad sobre análisis jurídicos en materia penal sobre casos particulares. Justamente en esa dirección, el propio adjetivo de presunción incluido dentro del nombre de la base de datos refleja el hecho de que no existe una certeza ni mucho menos un veredicto jurídico de por medio, sino tan sólo una valoración para fines explicativos y no particulares.

Un motivo adicional por el cual sería conveniente tener acceso a la información contenida en la base de datos está relacionado con las declaraciones más recientes por parte de la administración federal en el sentido de que los niveles de violencia han disminuido durante el período enero-mayo 2012, en comparación con los niveles de 2011.[vi]Sin el acceso a tal información, lo único que queda para el análisis del público, la sociedad civil y los expertos son las declaraciones del Ejecutivo.

Desde luego, nada de lo anterior implica que no exista una necesidad real por mayor precisión y entrenamiento para aquellos envueltos dentro del proceso de captura de datos y manejo de información sobre los cuales se origina la propia base de datos. Tal necesidad ha sido reconocida por el gobierno mexicano y UNODC, habiéndose creado el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. De cualquier modo, será necesario mantenernos atentos al tratamiento que se le dará a este tipo de iniciativas y al acceso a la información en materia de seguridad bajo la batuta del presidente electo, Mtro. Enrique Peña Nieto y quien ha sido reportado como su asesor externo en materia de seguridad, Gral. Óscar A. Naranjo Trujillo.

Juan Espinosa  cuenta con estudios de posgrado sobre Relaciones Internacionales y Seguridad en Georgetown University y ha trabajado para el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos y el gobierno federal mexicano en el extranjero.


[i] UNODC, Homicide Statistics 2012, Vienna, <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html&gt;

[ii] Presidencia de la República, Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial (2006-2010), DF, <http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos/&gt;

[iii] Poire, Alejandro, “El aumento de la violencia en Mexico”, Presidencia de la República, DF, <http://www.presidencia.gob.mx/documentos/El_aumento_de_la_violencia.pdf&gt;

[iv] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Base de Datos sobre Incidencia Delictiva Estadística y Herramienta de Análisis, DF, <http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/index_ff.html&gt;

[v]Procuraduría General de la República, Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial (2011), DF, <http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/estadisticas.asp&gt;

[vi] Luhnov, David,“Mexico Drug Violence Shows Decline,” The Wall Street Journal, June 14, 2012, NY, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303822204577464821699025772.html?KEYWORDS=calderon&gt; and Molhzan, Cory et al., Drug Violence in Mexico 2011, Trans-Border Institute, March 2012, San Diego, <http://justiceinmexico.files.wordpress.com/2010/07/2012-tbi-drugviolence.pdf&gt;

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