Trata de Personas, consecuencia más nociva de la Corrupción y la Cooperación Internacional como medio efectivo de combate

07/07/12

Raúl Gutiérrez Patiño

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Fuente: rnw.nl via Juank on Pinterest

Después de casi desaparecer en todas las sociedades del mundo, la esclavitud parece resurgir de nuevo y de una forma sumamente nociva para nuestra sociedad: la trata de personas, que representa un grave atentado contra los derechos humanos, es considerada la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, ya que es un ejercicio de violencia en contra de los sectores más vulnerables de la población, que afecta directamente a su integridad como personas en su libre desarrollo psicosexual.

Se menciona esto porque muchas veces nos preguntamos ¿Cuáles serán las consecuencias más nocivas de la corrupción económica dentro de una sociedad? Cierto que este fenómeno acentúa más la diferencia entre ricos y pobres y obstaculiza el correcto desempeño del Estado de Derecho, pero muchas personas no lo ven, la sociedad está tan dormida que percibe a la corrupción como parte de la vida diaria.

Sin embargo, hablar de corrupción nos sitúa ante comportamientos que tienen una amplia repercusión social por su dimensión colectiva, y en el caso de la trata de personas, es una clara manifestación de cómo este fenómeno afecta el orden socioeconómico de un Estado, de tal manera que convierte a los sectores más vulnerables de la población en víctimas potenciales de la delincuencia organizada; es decir, podemos ver que este fenómeno es una de las consecuencias más graves y nocivas que existen sobre un país, ya que afecta directamente a los seres humanos en su libertad y en el desarrollo de su sexualidad.

Luchar contra la pobreza es luchar contra la corrupción; por tanto, si se quiere terminar con la trata de personas, es necesario reducir la pobreza de una población para evitar que caigan en manos de delincuentes o bien recurran a la prostitución, mendicidad, o esclavitud como medios de trabajo ante la falta de oportunidades; sin embargo es una lucha difícil, ya que la corrupción dificulta esta batalla, no sólo aumenta la pobreza sino que desvía recursos hacia los “aprovechados”.

De acuerdo a Manuel Iglesia Caruncho en su libro, Acabar con la Pobreza. Un reto para la Cooperación Internacional, las vías a través de las cuales la corrupción dificulta la reducción de la pobreza son varias, sin embargo podemos destacar las siguientes:

Ahuyenta las inversiones productivas más transparentes, perdiéndose la riqueza con lo cual se genera empleo a favor de negocios especulativos y rapaces, como el de armas, trata de personas, etc.

Reduce los ingresos por impuestos y, así el gasto público necesario para el desarrollo (en educación, salud, infraestructuras…). Con lo cual, una población menos educada puede recurrir a la delincuencia organizada con la esperanza de mejorar su calidad de vida y la de su familia.

La trata de personas es un delito cuyas víctimas son comúnmente mujeres: cerca del 80% por ciento de las víctimas son mujeres, sin embargo no afecta sólo a este género, también a los hombres, y en el peor de los casos, a niños.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el 76% de los menores víctimas de la explotación sexual, son niñas con un promedio de edad de 5.7 años, así mismo de cada dos mujeres hay dos niñas que son violentadas lo que las convierte en sujetos especialmente vulnerables; por este hecho, resulta preciso redoblar esfuerzos para combatir de manera mucho más fuerte y eficiente este delito.

Una manera de acercarse al fin anterior es por medio de la adecuada tipificación en los ordenamientos jurídico penales, para lo cual es necesario establecer claramente la definición de trata de personas (recogida en el Protocolo de Palermo de 2000).

La trata de personas supone trasladar de un lugar a otro a un ser humano, en contra de su voluntad, o bien por medio de engaños, entre los cuales, los más comunes son: promesas de trabajo, vivienda y estudios, y las personas engañadas son luego obligadas a ejercer trabajos en contra de su voluntad. Cabe mencionar que bajo tal entendimiento nos estaríamos enfrentando al problema de la migración ilegal. El tráfico humano supone una acción contra el Estado, mientras que la trata supone una acción contra el individuo, ¿Por qué el tráfico es contra el Estado? Porque supone una violación o una vulneración de la normativa, fundamentalmente de inmigración, de entrada y salida de un país. Por eso cometen un delito de tráfico humano aquellas personas que, transgrediendo las normativas, influyen en otras para que entren y/o salgan de un determinado país.

La trata afecta al propio individuo porque se le obliga a llevar a cabo una actividad en contra de su voluntad, y supone que de alguna manera se le va a explotar mientras que la persona que lo explota va a obtener una compensación económica. No solamente se comete trata con fines de explotación sexual, que se produce en muchos casos, sino que también se puede producir trata con fines de explotación laboral o con fines de tráfico de órganos entre otras muchas posibilidades. Lo que pasa es que es muy difícil a veces deslindar las barreras entre tráfico y trata, ya que es perfectamente probable que una actividad empiece como tráfico y termine en trata; por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la problemática referente a la carencia de tipificación autónoma de ambos delitos es un obstáculo más respecto del combate del mismo, ya que normas de igual etiología (como enfermedad nociva para una sociedad) provocan una distorsión en el sistema penal y una inadecuada lucha en contra de la delincuencia organizada.

Hablar sobre la disminución de la pobreza como único mecanismo para terminar con la trata de personas, sería insuficiente ya que la corrupción es un elemento que por desgracia no cuenta con una solución definitiva; por lo tanto se necesita de medios más reales como la cooperación internacional para solucionar este problema, comprometiendo a los Estados a tipificar en sus ordenamientos jurídico-penales el delito en cuestión, y así, una vez ratificado un Convenio podríamos hablar de una cooperación judicial efectiva.

Cabe mencionar que México ha ratificado el Protocolo de Palermo, sin embargo nuestro país es ahora el número uno a nivel mundial en cuanto a explotación sexual infantil se refiere, así mismo la normativa penal coloca en un limbo jurídico a las personas mayores de edad que son víctimas de la trata, lo que urge al Estado Mexicano a buscar soluciones más eficientes en cuanto al combate a la trata se refiere.

Sin embargo, México ha demostrado avances significativos en esta materia, se aprobaron en el Senado la reforma de tres artículos constitucionales 19, 20 y 73 con lo cual, se garantiza una mayor protección a las personas víctimas de trata, respetando plenamente su identidad, así mismo se está contemplando la incorporación al Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, conocido como el Convenio de Lanzarote, ya que México se encuentra como uno de los cinco observadores del Consejo de Europa y con ello, podría lograr una cooperación internacional de mucho mayor alcance con los países miembros de la Unión Europea. El pleno del Senado, aprobó la reforma con 77 votos a favor, cero en contra y una abstención, la cual, paso a los Congresos Estatales al tratarse de una reforma constitucional. Asimismo, se aprobó la Ley General contra la Trata de Personas presentada por la Diputada del Partido Acción Nacional, Rocío Orozco, con lo que se amplia la protección que el Estado Mexicano debe proporcionar en todo momento para las víctimas de este delito.

En cuanto a la persecución de los delincuentes, se considera necesario unificar planes de acción entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado con el fin de garantizar una adecuada armonía con lo establecido dentro de los convenios internacionales.

Para ello, resulta necesario hacer la siguiente aclaración: Se estableció la prisión preventiva para aquellos que incurrieran en el delito de trata de personas; sin embargo, algunos juristas afirman que la prisión preventiva viola el principio de presunción de inocencia del imputado. Pero por otro lado, esta debe prevalecer cuando el delito sea catalogado como delincuencia organizada, ya que se debe garantizar la protección de la ciudadanía ante delitos de esta naturaleza. Este problema ya se venía arrastrando entre el Código Penal Federal y la Constitución Política y por contradicción de tesis, prevaleció lo contemplado en la Constitución en donde se establece que se suspenderán derechos del imputado desde el momento del auto-de formal prisión, mientras que el Código establecía que se suspenderían al momento de dictada la sentencia. Se justificó el por qué la prisión preventiva del imputado no viola en ningún momento la Constitución, dando mayor responsabilidad al pleno cumplimiento de lo establecido en convenios internacionales respecto al combate a la trata de personas; por lo tanto, con esta medida se pretende corregir las críticas efectuadas por Naciones Unidas respecto a la incapacidad que tiene México para perseguir y procesar a los responsables del tráfico de personas y lidiar efectivamente con el negocio de la inmigración.

La ratificación de Convenios y Protocolos marcan una línea de actuación en el resto de los Estados, crean iniciativas legislativas que permiten luchar contra el fenómeno de la trata, así mismo juegan un papel fundamental en cuanto a la sensibilización del problema y lo más importante, es que complementan al definir y concretar lo que puede considerarse como trata a efecto de que pueda formar parte de su ordenamiento jurídico interno.

 

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República.  Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.

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