Los Delitos Políticos y el Terrorismo

06/07/12

Raúl Gutiérrez Patiño

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Mucho se ha mencionado sobre la relevancia que se provoca debido a la confusión de términos entre delito político y terrorismo, ya que ambos buscan alterar el status quo establecido por el Estado para dar paso a una reordenación del orden social.

De acuerdo a C. Ganzenmüller en su libro Delitos contra el orden público Terrorismo contra el Estado o la Comunidad Internacional, podemos entender el orden público como el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana, concepto que incluye por tanto el respeto a las leyes, y si entendemos éstas en su acepción amplia, sinónima de ordenamiento jurídico, como el normal funcionamiento de los servicios públicos en el Estado de Derecho. Sería muy extenso hacer referencia al origen, la historia y la casuística en torno el delito político; sin embargo, es importante resaltar que en muchos casos esta descrito en la desobediencia civil, la insurgencia y la rebelión entre otras acciones.

En el contexto bajo el cual estamos viviendo, se requiere que exista una definición clara sobre ambos delitos, con el fin de poder establecer una mejor lucha contra los mismos; por lo tanto, es necesario buscar un apoyo en las teorías que definen las diferencias entre sí, así como un adecuado análisis de los convenios relativos respecto de la cooperación jurídica internacional en materia de terrorismo y delitos políticos. Es difícil señalar cuáles son los delitos políticos, que la comunidad internacional rechaza. Esto, sólo puede definirlo el Derecho positivo interno o internacional que un determinado Estado reconoce.

La doctrina llama “delitos políticos puros” a los que son delitos contra la organización política interna y el gobierno de un Estado, y que no contienen elemento alguno de delincuencia común, y por otro lado, están los llamados “delitos políticos relativos” que son infracciones en las cuales, un delito común está involucrado o conectado con el acto inspirado en un móvil político. En el segundo caso, se trata de delitos que lesionan a la vez el orden político y el derecho común como el homicidio de un Jefe de Estado, y delitos conexos a la delincuencia política, como por ejemplo, los actos terroristas o la rapiña para procurarse fondos o armas con fines subversivos.

Según Pearson S., Frederic y Rochester, Martin, en su texto Relaciones Internacionales: Situación global en el siglo XXI, para entrar en materia respecto del terrorismo, entre los académicos, los abogados y los gobernantes, no existe un acuerdo general respecto a una definición precisa de terrorismo; en realidad, un estudio establece que entre 1936 y 1981 el término tuvo 109 definiciones diferentes y desde ese año a la fecha, han aparecido muchas otras.

La enciclopedia Británica, lo define como el uso sistemático del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder.

Lo anterior muestra como pueden llegar a confundirse las terminologías antes mencionadas, ya que tanto los delitos políticos como el terrorismo, hacen mención a la violación del orden establecido por el Estado; sin embargo ante los delitos políticos cabe la posibilidad de conceder asilo mientras que las jurisdicciones referentes al terrorismo, buscan una mayor pena por los actos cometidos.

De acuerdo con Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo este “amenaza y extorsiona a una porción amplia de la sociedad por medio de una violencia selectiva sobre una parte de ella (…), deshumaniza a la víctima e intenta socavar desde su interior los sistemas y sociedades democráticas”.

Siguendo lo establecido por Pearson S., Frederic y Rochester, Martin, conceptualmente, el terrorismo tiende a caracterizarse al menos por tres elementos comunes: 1) involucra la amenaza o el uso real de la violencia no convencional, diseñada tanto para golpear como para obtener publicidad o causar el terror; 2) está motivado políticamente y 3) los objetivos inmediatos o las víctimas ya sean personas o propiedades, usualmente tienen relación directa con los grandes propósitos que impulsan tal violencia.

Ahora bien, una vez entendidos los conceptos antes mencionados salta a consideración la siguiente interrogante ¿Cuál es la incidencia del delito político y terrorismo en la aplicación de la cooperación judicial en materia penal?

Desde la década de los sesenta, a partir de los primeros actos de piratería aérea, la comunidad internacional ha ido sancionando normas de Derecho internacional público para reprimir al terrorismo. Los debates internacionales siguen estado marcados por la definición y tipificación de este delito, los aspectos relacionados con la afectación de los derechos humanos en los eventuales actos de represión, y aspectos puntuales como la preservación del derecho de asilo, de gran importancia en el derecho internacional latinoamericano, los mecanismos de extradición, y la preservación de las jurisdicciones propias de cada país.

¿Es el terrorismo un delito político?

De acuerdo con Pearson S., Frederic y Rochester, Martin Pearson, El termino terrorismo, está cargado de mucha emotividad y ha llegado a ser un epíteto que los oponentes se lanzan unos a otros. No todos estarán de acuerdo en que todos los incidentes que se han identificado necesariamente constituyen actos de terrorismo. Se ha dicho que una persona que para unos es un terrorista, para otros es un “luchador de la libertad”; sin embargo, si se acepta el punto de vista de que “un terrorista es para otro un héroe de la liberación nacional” y de que la distinción es completamente arbitraria y depende de qué lado se coloque el analista, entonces cualquier acto de violencia puede ser excusado y legitimizado en cuanto cualquier persona invente una justificación.

Los actos terroristas pueden ser conexos a la delincuencia política debido a que lesionan el orden anteriormente establecido. Sobre si el terrorismo es un delito político o no, las posiciones de la doctrina actual no son claras al respecto ya que el terrorismo, se caracteriza no solamente por la violencia no convencional sino también por una violencia motivada políticamente; sin embargo, el Derecho positivo ha ayudado a delimitar estas situaciones. El terrorismo, es un delito político por sus fines; sin embargo, el Derecho interno y el Derecho penal internacional no le dan tal categoría, sino que lo tratan de un delito común para negarle todos los favores y bondades que otorga el delito político. Asimismo, se le considera en algunos casos para diferenciarlo de la terminología política, como un delito social.

Se dice en algunos tratados internacionales que es delito político, todo aquel que conlleva el beneficio de asilo y la no extradición. A esto se agrega que están excluidos los casos de magnicidio contra el gobernante y su entorno familiar, así como los actos viles, egoístas y crueles.

No se concede la extradición por delitos políticos, porque estos dejan de serlo al atravesar una frontera. Como decía el jurista Irureta Goyena: “En el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.

La tendencia actual es excluir en forma expresa de la no extradición ciertos actos que por su gravedad requieren una atención especial, como por ejemplo lo que acontece en Europa en la cláusula belga, en la cual se estipula que en ningún caso se entenderá como delito político el asesinato o tentativa de asesinato de un Jefe de Estado.

Sin embargo, se considera que esto no puede aplicarse entre todos los casos, ya que si bien el principio de territorialidad, le da plena soberanía al Estado receptor sobre el aspecto del asilo, cabe mencionar que de existir un convenio de extradición entre los mismos, habría que contemplarse la posibilidad de que se ha cometido un delito de forma dolosa en otro Estado, y de llevarse a cabo la extradición, se reafirmaría el compromiso de la cooperación internacional entre ambos Estados, y en el caso de aquellos que contemplen como uno de sus principios de política exterior la libre autodeterminación de los pueblos, un delito político atentaría en contra de la misma; por lo que no manifestarse abiertamente en contra de este hecho, sería ir a contra corriente de su política exterior. Aunque el punto anterior, resulta fácilmente debatible al establecer la clara diferencia de lo que implica un delito político con uno terrorista; por ello es necesaria la correcta y urgente tipificación entre ambos delitos.

El terrorismo continúa siendo una seria amenaza dada su violencia traumática y el miedo que genera dentro y fuera de las fronteras nacionales, el delito político, aunque busque igualmente una reordenación de orden social, no contempla como medios de acción aquellos que el terrorismo emplea para conseguir sus fines.

Los delitos políticos, ofrecen ciertas garantías a los culpables que no son compartidas por los autores de actos terroristas, aunque ambos tienen en común la lesión del orden propiamente establecido por el Estado, existe una clara diferencia otorgada por las teorías que facilita la tipificación de ambos en los ordenamientos jurídico penales, esto debido a los medios que utiliza cada uno para conseguir la alteración al status quo.

Esto pone de manifiesto que exista una amplia gama de tipos penales relacionados con delitos políticos en distintos ordenamientos jurídicos internacionales, para los cuales, se contempla una pena específica, mientras que los delitos de terrorismo, algunas veces sean clasificados bajo ese nombre imponiéndoles una sanción determinada. Sin embargo, las posiciones de algunas doctrinas actuales no son siempre claras.

 

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República.  Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.

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