El principio de Justicia Universal y el caso de la Piratería en Somalia

08/07/12

Raúl Gutiérrez Patiño

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Fuente: whiteafrican.com via MSB on Pinterest

El presente análisis, pretende profundizar en el tema de la justicia universal aplicada sobre un problema en concreto, la piratería en alta mar y el caso de Somalia que ha incurrido en este delito afectando a países que practican la pesca de manera regular, así como particulares que realizan expediciones y/o paseos en altamar, debido a la situación de un conflicto armado que lleva más de 20 años en la región, así como la situación de sequía que ha padecido de manera preocupante durante la primera década del siglo XXI este país del Cuerno de África.

De acuerdo con Tobías de Alma Uribie, Mariano en su texto, La Piratería y el Principio de la Jurisdicción Universal, la piratería se ha convertido en una epidemia en la costa de Somalia, donde en el año 2008, su práctica aumentó en un 200%, sonando las alarmas de toda la comunidad internacional, pues esta cifra demuestra que se está ante la explosión más grande de dicha actividad criminal en los últimos doscientos años. Para los mal llamados “corsarios”, todo es válido por lo que resulta sumamente importante conocer el marco jurídico de este crimen internacional y las implicaciones del principio de jurisdicción universal.

El principio de jurisdicción universal, permite a cualquier Estado a enjuiciar a quienes han cometido crímenes internacionales, incluso si el delito, el criminal y las víctimas no tienen nexo alguno con el Estado que los desea enjuiciar. Muchos Estados han expresado frustración con respecto a las limitantes que existen a la hora de enjuiciar a los piratas. Resulta necesario que el Estado manifieste su consentimiento para que se pueda ejercer la jurisdicción universal en su territorio contemplada en los diferentes convenios y tratados internacionales, asimismo, para que un país extranjero pueda ejercer justicia de acuerdo a sus ordenamientos jurídico-penales, es necesario que queden cubiertos diferentes requisitos como lo son: la extradición de delincuentes, atentados y daños en contra de patrimonio nacional, participación de nacionales en delitos en el extranjero y viceversa. La importancia de mencionar el tema de la piratería, radica en que la justicia universal tuvo su origen en la persecución de la misma hace siglos, y actualmente, se ha visto ineficazmente combatida ya que muchos Estados no contemplan este delito en sus ordenamientos jurídico-penales.

Cabe mencionar que no todos los países contemplan el principio de justicia universal o bien no ven con buenos ojos que un Estado sea “el policía del mundo”, esta expresión se ha mal interpretado a lo largo de la historia ya que el principio de justicia universal, es un mecanismo avanzado de cooperación internacional que permite subsanar las lagunas en los ordenamientos jurídico-penales de diversos Estados. Actualmente, además de los países anteriormente mencionados, existen otros como España que si contemplan a la justicia universal y el principio de territorialidad y extraterritorialidad, como uno de sus principios de política exterior; por lo que su participación en cuanto a la persecución y enjuiciamiento criminales han sido ampliamente reconocidos como es el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet.

A efecto de entrar en materia de manera precisa, en 2009 cuando un grupo de piratas somalíes secuestraron un navío pesquero español con pabellón vasco conocido como “la alacrana”, lo que despertó gran inconformidad por parte de las familias de los marineros vascos que veían con preocupación cómo el Estado español, sucumbía ante las demandas de los mal llamados “corsarios”. Una vez capturados, el país ibérico se enfrentó con una gran problemática y es que en su código penal, no contemplaba el delito de piratería por lo que solicito asistencia judicial a Kenya, país africano que, si lo tiene contemplado y que accedió a dicho proceso debido a ambos países se encuentran comprometidos por la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, instrumento internacional vinculante que obliga a la persecución de este delito, el cual, ha sido ratificado por México, lo que abre mayores canales de cooperación internacional.

Actualmente es necesario reconocer que en México se vive un panorama de inseguridad preocupante, en donde la delincuencia organizada, ha encontrado nuevas formas de acceder a violentar no solo las instituciones del Estado, sino la vida de la población civil, ante este panorama el gobierno mexicano debe buscar nuevos mecanismos de cooperación que le permitan manifestar su voluntad y acción para la búsqueda de la paz, y también recibir asistencia que le permita contar con más aliados en esta ardua lucha, la cual, difícilmente podrá surtir efectos positivos a largo plazo a menos que no sea por medio de la cooperación internacional; por lo tanto, resulta necesario ampliar la asistencia judicial para el combate a la piratería en alta mar.

Como se mencionó anteriormente, existe la problemática de que muchos Estados no contemplan este delito por lo que existen claras deficiencias en cuanto a su combate y persecución; por lo tanto, la hipótesis que se presenta en este sentido va en torno a que México, al contemplar la piratería dentro de su código penal, podría ampliar su cooperación internacional en este sentido, lo que reforzaría la concordancia con sus principios de política exterior referentes a la búsqueda de la paz y seguridad internacionales.

Actualmente existe un armónico legal entre el marco jurídico mexicano con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con lo cual, queda de manifestó uno de los principales argumentos a favor para que México pueda ampliar su cooperación judicial en este sentido y re afirmar con ello su papel en el escenario internacional, a favor de la salvaguarda de la paz y el respeto al derecho internacional en alta mar.

En cuanto a la definición de piratería, esta se encuentra contemplada en el Artículo 101 de dicha convención, quedando como sigue:

Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:

A) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:
I) Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos;
II) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;
B) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;
C) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.

Por su parte, en el Capítulo I del Título Segundo del Código Penal Federal referente a los delitos contra el derecho internacional, se hace referencia a la piratería, quedando tipificada de la siguiente manera:

Artículo 146.- Serán considerados piratas:

I.- Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana, de otra nación, o si nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que se hallen a bordo;
II.- Los que, yendo a bordo de una embarcación, se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata, y
III.- Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el curso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando actos de depredación contra buques de la República o de otra nación para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves.

Artículo 147.- Se impondrán de quince a treinta años de prisión y decomiso de la nave, a los que pertenezcan a una tripulación pirata

Por lo tanto, se puede observar una concordancia entre ambos textos que indica el armónico legal existente entre estos marcos jurídicos; sin embargo, la normativa mexicana, impide que está actúe de manera extraterritorial, no obstante, cabe la posibilidad de suscribir acuerdos con aquellos países que más sufren de estos ataques con el fin de ampliar la cooperación internacional para perpetuar la existencia del Estado de Derecho en todas las regiones del planeta.

Se pretende que con esto, se cuente con una nueva arma en la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo los lazos y los compromisos adquiridos entre las naciones para garantizar el libre tránsito de mercancías y personas, velando con ello siempre y en todo momento por el integro respeto al derecho internacional.

Asimismo, en el Artículo 110 de la anteriormente citada convención, se expresa el compromiso adquirido por el Estado mexicano, al establecer que:

Todos los Estados cooperarán en toda la medida de lo posible en la represión de la piratería en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún Estado.

Por mencionar una de las aplicaciones de esta cooperación, consideramos necesario recordar que actualmente, la piratería en alta mar es uno de los problemas que ha resurgido con mayor fuerza durante los últimos años como una salida a las crisis humanitarias y económicas que viven ciertos países como es el caso de Somalia, lo que en su caso, ha llegado a entorpecer enormemente no sólo el comercio, sino la asistencia de ayuda humanitaria a un país que ha sufrido una guerra civil por más de 20 años, asimismo, cabe mencionar que Somalia al igual que México es miembro del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; por lo que se considera que una ampliación de la asistencia judicial de México en esta materia, podría ser propicio para otorgar ayuda humanitaria a este país.

Un convenio de asistencia judicial con países que se ven afectados por ataques de piratas, demostraría que México se encuentra completamente comprometido con la comunidad internacional, para el respeto del derecho internacional y comprometería a una reciprocidad en materia de seguridad sin precedentes, que serviría como una herramienta poderosa para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República.  Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.

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